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El
Diario de Hoy
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Una ley de arrendamiento agrario propuso el Presidente
Saca en su discurso del 1 de junio, la que sería el más
efectivo instrumento para reactivar la agricultura y mejorar los niveles
de ingreso de los campesinos.
La ley es una esperanza para nuestro país, encadenado hasta hoy
a un ruinoso esquema, la “reforma agraria” decretada por los
duartistas en 1980.
En un programa de televisión reciente, uno de los participantes
dijo que durante muchos años asustaban a la gente con el cuento
de que “venía el lobo”, para torcer los resultados de
elecciones. Pero un mal día efectivamente “llegó el
lobo” y estuvo a punto de devorarnos a todos: llegó el lobo
en la enloquecida agresión comunista que causó más
de cuarenta y cinco mil muertos y llegó el lobo con la imposición
por la banda de ladrones, de “reformas estructurales” que desquiciaron
la economía nacional. Fue a partir de la estatización de
las mejores tierras del país y la fijación de límites
“a la tenencia”, que la agricultura cayó en la crisis
de la que no se recupera al día de hoy.
La principal causa del descalabro es que la pequeñez de las propiedades,
resultado de los límites impuestos por la reforma, impiden el uso
de tecnología y equipos de mejor rendimiento, para trabajar la
tierra.
El empleo de tractores y maquinaria especializada, la aplicación
de sistemas administrativos avanzados, el mercadeo de calidad, el establecimiento
y promoción de marcas, no está al alcance de las pequeñas
agroindustrias que existen en nuestro territorio: no es posible obtener
verdaderas economías de escala, ni expandirse más allá
de modestas dimensiones. Eso coloca en una tremenda desventaja a la agricultura
salvadoreña frente a la del resto de la región y del mundo.
Legalizando el robo con “supletorios”
Hasta donde sabemos, en ningún país que se rige bajo un
Orden de Derecho, se fijan límites constitucionales al tamaño
de la propiedad agrícola. Una sola hacienda en Estados Unidos,
Kings Ranch de Texas, es más grande que el territorio de El Salvador.
En Argentina, Brasil, Colombia, Perú y otras naciones de Sudamérica
y Centro-América, las propiedades agrícolas pueden ser de
cualquier dimensión, la que por lo general se determina por la
capacidad de sus dueños de mantenerla y trabajarla.
Es evidente que en los tamaños máximos fijados por la ley
en nuestro país no es posible cultivar con eficiencia, ni permite
los rendimientos requeridos por casi toda agroindustria, como enlatados
de frutas y legumbres o plantas procesadoras de carne.
Pero de igual manera, la estrechez de lo que ahora se tiene obra en forma
negativa en las posibilidades de los trabajadores y empleados de las tierras,
de avanzar profesionalmente.
Tampoco esas propiedades pueden sostener otras actividades y negocios
relacionados, se trate de venta de insumos, procesamiento de subproductos
o, yendo al aspecto social, comunidades prósperas.
De allí que la agricultura sea el gran enfermo de la economía
nacional, pese a los meritorios esfuerzos que se han hecho durante el
primer año del gobierno Saca para resucitar la campiña.
La ley de arrendamiento es esencial para superar la maldición de
la reforma. Esencial pero no suficiente, pues quedan muchos otros factores
que generan inseguridad jurídica, como son los famosos títulos
supletorios municipales, una “legalización” del robo.
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