Los habitante se vieron obligados a caminar varias horas para asistir a sus trabajos. Foto AP

El Diario de Hoy
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Bloqueos de carreteras por parte de campesinos junto con una huelga de transportes mantenían paralizada ayer la capital boliviana, mientras manifestantes que demandan la nacionalización del sector energético no mostraban signos de abatimiento.

Tras dos semanas de protestas, el 60 por ciento de los caminos de Bolivia seguía bloqueado, mientras cinco ciudades importantes y el aeropuerto internacional permanecían aislados, incluida la capital política La Paz, donde se ha registrado falta de combustible.

Las vías que comunican con Argentina, Paraguay, Perú y Chile están cerradas. Foto AP

El gobierno del Presidente Carlos Mesa delegó la responsabilidad en el Congreso para disipar la peor tensión, desde que una sangrienta revuelta indígena provocó la caída de su antecesor, aliado de Washington, Gonzalo Sánchez de Losada, en octubre de 2003.

Mesa, un político independiente que trató sin éxito trabajar con la mayoría indígena, ha jurado no utilizar la violencia contra los manifestantes y ha limitado el poder de la policía para usar gases lacrimógenos para dispersar a quienes protestan y arrestar a los vándalos.

Ningún manifestante murió ni resultó gravemente herido en dos semanas.

El Alto y La Paz amanecieron sin servicio de transporte público. Foto AP

Reclamos

Maestros, trabajadores de la salud, camioneros y mineros se han sumado al reclamo por la nacionalización, luego de que el Congreso aprobó hace dos semanas una ley que los alejó de su aspiración de que el Estado controle la segunda reserva natural de gas más grande de América Latina, el recurso más preciado de Bolivia.

Las escuelas estaban cerradas y muchos trabajadores se quedaron en sus casas, ya sea por miedo o por falta de transporte.

Rechazan una eventual intervención de la OEA

Más de la mitad de las carreteras están obstruidas. Foto AP

El gobierno boliviano desechó la eventual intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la crisis que afronta el país, al indicar que no se ha registrado “ninguna alteración del orden constituido”.

“Las dificultades sociales que afronta el país serán resueltas por el pueblo boliviano en el marco de sus instituciones y mecanismos democráticos, ya que no se ha producido ninguna alteración del orden constituido que justifique una mediación internacional o buenos oficios de países amigos”, dice un comunicado de la Cancillería conocido ayer.

“El gobierno garantiza la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos en todo el territorio nacional, tal como ha quedado demostrado en los últimos días”, resalta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Precisa que la administración del presidente Carlos Mesa “mantiene el diálogo y la concertación como los instrumentos de su acción política para resolver las diferencias entre los distintos actores sociales y políticos del país”.