Tráfico de niños a cambio de $2,600

Denuncia. Casa Alianza de Guatemala habla sobre “la compra” de pequeños que entran en dudosos procesos de adopción.

Publicada 2 de junio 2005, El Diario de Hoy

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Caso adopciones
Guatemala/ Enviados especiales
Alejandra Dimas/ Giovanni Lemus
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

El hecho de que Guatemala sea uno de los países del mundo que da más niños en adopción cada año, un promedio de 10 diarias, más que una casualidad, es una señal para Héctor Dionicio, coordinador del programa legal de Casa Alianza, una ONG que vela por las muchachas que ejercen la prostitución o son víctimas de maltrato.

Desde 1997 hasta la fecha, la entidad ha recibido 80 denuncias de madres a las quienes les han quitado a sus hijos con engaños.

Además aseguró que se trata de un delito de difícil persecución, porque los sujetos “captan” a los menores de forma fraudulenta, pero realizan los trámites de adopción de acuerdo con lo que establece la ley guatemalteca.

Las víctimas, en su mayoría, son madres solteras que entregan a los niños, porque les ofrecen una mejor vida. Las personas involucradas, según Casa Alianza, integran bandas organizadas que identifican las carencias de familias y ofrecen correr con la manutención.

De las solicitudes de ayuda para recuperar a los infantes, 60 se han resuelto de forma favorable, aunque el proceso penal se pierde, porque la familia desiste una vez tiene consigo a los menores.

“En nuestro país, las leyes se quedan cortas y la sustracción de menores no supera los cinco años”, argumentó el abogado.

La estrechez del río Suchiate, frontera natural entre Guatemala y México, facilita la estrategia de los delincuentes, que tardan casi cinco minutos en trasladar a los niños que viven en puntos ciegos.

En territorio chapín, los ubican con madres sustitutas y éstas, a su vez, están obligadas a inscribirlos como hijos biológicos en el registro civil.

“Así descubrimos la red de personas. Están las “jaladoras”, las que convencen a las mamás o roban niños; madres sustitutas, intermediarias que tienen bajo su tutela al resto de personal”, expresó.

La facilidad con que algunas alcaldías emiten documentos propicia la obtención de certificados falsos.

El Ministerio Público es el encargado de realizar las investigaciones. A diario se presentan de tres a cinco casos, la mayoría de madres analfabetas, detalló el inspector Onofre Fuentes, de la sección de la Niñez y la Adolescencia y de personas desaparecidas del Servicio de Investigación Criminal.

Los criminales ofrecen de 10 a 20 mil quetzales ($1,300 a 2,600) y prometen cancelarlo en dos cuotas a las madres, como una muestra de la buena voluntad de los “jaladores”.

Los familiares buscan ayuda cuando el supuesto benefactor no desembolsa el segundo pago. Para ese entonces, el proceso de adopción está avanzado.

Al final, el juzgado Primero de la Niñez y la Adolescencia se pronuncia y detiene el proceso para la nueva familia y entrega la tutela a un hogar temporal, donde, con el tiempo, el niño puede volver a entrar en proceso de adopción.