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 Julia
Regina de Cardenal*
El Diario de Hoy
editorial@
elsalvador.com
Éste es el nombre que dio Noticias Globales a un artículo
en el que comunica que en Life Site se informó que David Parker,
un padre de familia que vive en Lexington, Massachusetts (EE.UU.), fue
arrestado y pasó un día en la cárcel por “pretender”
impedir que su hijo de 5 años fuera pervertido en las sesiones
de “orientación sexual” que se imparten en la escuela.
Esto es una prueba más de cómo ha llegado el poder de los
organismos gay a atentar contra el derecho de los padres a escoger la
educación de sus hijos. Es de notar que el Estado de Massachussets
reconoce la legalidad de las uniones entre personas del mismo sexo, decisión
que fue tomada por la Corte Suprema del Estado.
El “crimen” de Parker consistió en que, después
de agotar todas las instancias legales, pretendió asistir a una
de esas sesiones, enterarse de los contenidos y exponer al director del
colegio sus objeciones sobre esos contenidos pro-homosexuales. El material
está compuesto fundamentalmente por “gráficos y fotos”.
Al entrar al colegio Parker fue detenido por la policía y pasó
la noche en la cárcel con delincuentes comunes. Esposado fue llevado
al día siguiente ante el juez que le impuso 1.000 dólares
de fianza y la prohibición de acercarse al colegio de su hijo.
Fue juzgado el 1 de junio.
Parker acudió a todas las autoridades —del colegio y de la
ciudad— en materia de educación, para exigir sus derechos
reconocidos expresamente por la ley (Parental Notification Act), que contempla
expresamente que se debe notificar a los padres de los contenidos de la
llamada “educación sexual”, para que ellos autoricen
o no a sus hijos a asistir a esas clases o tomen otros recaudos.
La contestación, para quien conoce el lenguaje “progresista”,
no extraña. Las autoridades sostienen que esa especie de “introducción
a la homosexualidad” no se trata de “educación sexual”,
sino de “educación para la salud y para el desarrollo social”,
dos conocidos eufemismos de la reingeniería social del nuevo orden
para evitar hablar de aborto, homosexualismo o anticoncepción.
Después de la respuesta, Parker insistió. En la última
nota que Parker y su mujer, Tonia, hicieron llegar a las autoridades del
colegio y del sistema educativo de la ciudad, exponen la violación
de su fe cristiana y de la ley natural que suponen estas clases, impartidas
además a niños de jardín de infantes, y añaden:
“Queremos dejar claro lo dicho anteriormente: No damos permiso al
sistema de escuelas públicas de Lexinton a tratar con nuestro hijo
temas sobre homosexualidad (trans-gender/bisexuales/parejas gays). Ésta
es una decisión paterna, que no queda sujeta a interpretaciones
o políticas administrativas”.
Su reclamo fue rechazado. Harto ya, terminó en la cárcel
y está a la espera del resultado de un juicio.
Asimismo, en NG 695 dimos cuenta de los funcionarios que en Canadá
ya han perdido su trabajo por no estar dispuestos a “celebrar matrimonios
entre personas del mismo sexo”.
Las medidas represivas de poder rosa, como en EE.UU., se han extendido
a la educación.
En Quensel, Columbia Británica, Estado en que se han legalizo las
uniones entre personas del mismo sexo, el Dr. Chris Kempling fue suspendido
en su cargo, sin goce de sueldo, por el superintendente de escuelas del
distrito, en clara violación a la libertad religiosa, que en teoría
se encuentra protegida por la ley.
Kempling es “consejero escolar” desde 1990, y vocero local del
Christian Heritage Party, y se desempeña en diversas labores comunitarias
como voluntario. Su “crimen” fue haber escrito una carta de
lectores en el diario local en la que criticaba el proyecto de ley redefinición
del matrimonio, que instituye el llamado “matrimonio entre homosexuales”.
En la carta exponía la doctrina cristiana sobre la homosexualidad.
La suspensión privará a Kempling de sus ingresos durante
este período, y nadie le asegura que podrá retornar a su
trabajo. Sus vecinos han abierto una suscripción popular para paliar
sus gastos. La alianza canadiense para la libertad religiosa está
litigando en favor de Kempling.
En London, Ontario, la “Asociación homosexual para la eliminación
del odio” llevó a los tribunales a los concejales Ab Chahbar
y Rob Alder. El crimen de los ediles, acusados de apología e instigación
al delito, fue participar en una marcha en contra del proyecto de ley
de redefinición del matrimonio. El llamado crimen de odio es un
recurso habitual de los activistas gays.
En Ontario también están jurídicamente reconocidas
las uniones entre personas del mismo sexo.
En Rancho Cucamonga (California-EE.UU.), el Pacific Justice Institute
denunció que un estudiante había sido suspendido en su escuela
por llevar una camiseta que decía “La verdad es la verdad.
La homosexualidad está mal”. Según el instituto, al
que acudieron los padres del menor, éste nunca tuvo problemas de
conducta y es un alumno “A”, es decir, muy bueno. Curiosamente
la escuela, en su ideario dice que entre sus objetivos se encuentran educar
en la “tolerancia” y la “diversidad”. El JPI, que
ofrece servicios sin cargo para estos casos de discriminación,
informó que consiguió que la escuela readmitiera al alumno
sancionado, y se comprometiera a respetar sus convicciones.
Seis ministros episcopalianos fueron cesados en sus cargos, “por
romper la comunión con la iglesia, declarando que la homosexualidad
repugna a la doctrina cristiana”. Los seis pastores se opusieron
abiertamente a la “ordenación episcopal” del homosexual
declarado Gene Robinson, como obispo episcopaliano de New Hampshire (Connecticut,
EE.UU.). Los seis perdieron sus parroquias y, por lo tanto, sus medios
de vida.
La ideología homosexualista considera que la homosexualidad es
una condición natural de la persona, y todo lo que sea manifestar
oposición y/o desagrado hacia ella constituye “odio”
y “racismo”.
*Columnista de El Diario de Hoy.
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