Matanza. Personas observan los cadáveres de víctimas de la guerrilla. Foto : EDH /The New York Times

The New York Times
Indira A. R. Lakshmanan
El Diario de Hoy
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BOGOTÁ. Una masacre descarada durante una reunión de un concejo municipal, en el sur de Colombia es el episodio más reciente en un recrudecimiento de ataques mortales este año perpetrados por rebeldes izquierdistas que según el gobierno había orillado a la clandestinidad.

Después de un año de calma relativa desde que el presidente Álvaro Uribe lanzó el Plan Patriota, una ofensiva militar ambiciosa en la que se emplearon 18,000 soldados y aproximadamente 100 millones de dólares estadounidenses en asistencia para obligar a las guerrillas a dejar sus bastiones en el sur, los rebeldes han salido del escondite con las armas centellando.

Desde enero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, han lanzado diversos ataques mortales contra blancos militares y civiles, causando veintenas de víctimas y recordándole al público que a pesar de las mejoras en la seguridad bajo Uribe, prosigue una guerra encarnizada en muchas partes del campo. Algunos analistas aseveran que la ofensiva militar del gobierno perdió impulso en los últimos meses dándoles a las guerrillas la oportunidad de reagruparse y contraatacar.

El ataque rebelde más reciente, en el que murieron cinco funcionarios en el pueblo de Puerto Rico, a 200 millas al sur de Bogotá, en la provincia de Caquetá, ha generado un debate nacional sobre si los ataques recientes de las FARC son las últimas patadas de ahogado de una fuerza rebelde debilitada o la obra de un ejército guerrillero artero que ha combatido al Estado durante 40 años y no puede ser derrotado con acciones militares.

“Ésta fue una operación muy audaz, no la obra de un grupo arrinconado o a punto de ser eliminado”, dijo Andrés Villamizar, analista de seguridad y catedrático de la Universidad de Los Andes en Bogotá. “Veinte atacantes llegaron desde el río y mataron al consejo municipal, y se treparon a un camión y regresaron al río sin que nadie los detuviera; ¿cómo? Desde mi punto de vista, esto es una enorme falla de inteligencia”.

Puerto Rico es un pueblo de 25,000 habitantes en una región que ha sido celosamente controlada de tiempo atrás por las FARC debido a su ubicación estratégica, cercana a las fronteras con Perú y Brasil y a un río usado para el narcotráfico, una industria ilícita que financia las actividades paramilitares tanto de izquierda como de derecha. Las FARC mataron al alcalde de Puerto Rico en agosto de 2001, al igual que a su reemplazo cuatro meses después. Se nombró a un tercer edil y al mes siguiente apenas si pudo escapar de un atentado de asesinato perpetrado por las FARC en el que murieron sus dos guardaespaldas.

Julio Casas Pachon de 30 años, un consejero que sobrevivió el ataque del martes al lanzarse por una ventana del ayuntamiento, describió la escena aterradora en una entrevista telefónica con el Globe. Unos 15 a 20 atacantes, que testigos y funcionarios creen eran miembros de una unidad de fuerzas especiales de las FARC, llegaron en una camioneta de carga a la plaza del pueblo e irrumpieron en la reunión del concejo disparando contra tres concejales y el secretario con rifles de asalto. Otro concejal murió a consecuencia de las heridas. Resultaron lesionados dos consejeros, un oficial de policía, un periodista y un transeúnte, explicó la policía.

El coronel Gabriel Rodríguez, comandante de la policía de Caquetá, aseveró en entrevista por teléfono que los rebeldes iban disfrazados con uniformes del ejército colombiano, por lo que el ataque tomó por sorpresa a la policía local y a los guardaespaldas de los concejales.

Históricamente, las FARC han tratado de influir en las elecciones locales y controlar a los funcionarios locales y sus presupuestos por todos los medios desde sobornos hasta intimidación con amenazas de homicidio. Según analistas, se calcula que unos 200 munícipes de pueblitos de unas 1,098 municipalidades en el ámbito nacional viven bajo control de las FARC. Cuando los rebeldes no pueden controlar a los funcionarios locales, envían un mensaje letal para persuadir a otros en el gobierno a que accedan, manifestó.

En 2003, 75 concejales pueblerinos en toda la nación fueron asesinados; esa cantidad bajó a 18 en 2004. Hasta el momento en este año, han muerto 13 concejales municipales y un secretario pueblerino en el sur del país, 10 a manos de presuntas milicias de las FARC y otros cuatro por presuntos paramilitares de derecha, según Óscar Andrés Núñez, director ejecutivo de la Federación Nacional de los Consejos de los Pueblos.

Alfredo Rangel, analista del ejército y director de la Fundación para la Seguridad y la Democracia, un organismo independiente, en Bogotá, advirtió que el Estado “ha declarado prematuramente la victoria”. Comparó la opinión con la aparición del presidente Bush hace dos años en un portaaviones en el que un letrero proclamaba: “Misión Cumplida”, antes de que terminaran las hostilidades en Iraq.