Apoyo y rechazo al plan

Enfrentamiento. El Gobierno indica que los registros son demandados por la población, para tener seguridad en su entorno. Opositores destacan inviolabilidad de morada

Publicada 23 de mayo 2005 , El Diario de Hoy

Recomendación La PNC advierte que sus miembros se identificarán y que las acciones serán ejecutadas por grupos masivos. Agentes 12 mil Principalmente de las divisiones de Seguridad Pública y Policía Rural. El dispositivo no excluye zonas residenciales. Tiene un carácter permanente.

Cordones de seguridad serán establecidos en las colonias, mientras unidades de perifoneo explicarán a los residentes los propósitos del plan

Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Aunque el plan de registros en viviendas y negocios todavía no ha sido ejecutado por la policía, ya tiene sus detractores.

Mientras el Gobierno asegura que la disposición es para prevenir los homicidios, quienes la rechazan indican que atenta contra el principio constitucional que establece que la morada es inviolable.

El ministro de Gobernación, René Figueroa, afirma que “harán registros donde la población nos ha pedido que vayamos y donde la inteligencia policial ha señalado que hay drogas, armas u otras cosas que son tentáculos del crimen organizado”.

El funcionario agrega que el principal reto “es derrotar a los homicidas y proteger a la población honrada del país” y que para garantizar el Estado de Derecho, los agentes serán acompañados por fiscales y si es necesario obtener algún permiso judicial, la PNC acudirá ante los jueces.

A esta valoración se agrega el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, quien destaca que las verificaciones policiales no pretenden en sí la captura de delincuentes, sino convertirse en acciones de prevención del delito, principalmente por la tenencia ilegal de armas.

“Nuestros resultados no los vamos a medir por el número de capturas o decomisos, sino por la baja de los índices delincuenciales en las zonas donde vamos a realizar el plan”, comenta Ávila.

Beatrice de Carrillo Procuradora Derechos Humanos Rechazo “La morada es inviolable. El plan podría generar un efecto intimidatorio, principalmente entre la gente más humilde”

Rodrigo Ávila Viceministro de Seguridad Justificación “No vamos a medir los resultados por las capturas, sino, por la baja de los índices delincuenciales en las zonas donde actuemos”

Oposición

Sin embargo, la Procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, explica que la Constitución establece que la morada es inviolable, y que la voluntariedad de facilitar el ingreso a ésta, no implica un proceso de coacción que atente contra el Estado de Derecho.

“Me preocupa el efecto intimidatorio que producen los cuerpos de seguridad, sobre todo entre la población humilde que desconoce sus derechos. La ciudadanía debe impedir que se viole su propia paz”, dijo De Carrillo.

Agregó que la disposición policial es contraria a la democracia pacífica que requiere el país.

“Es como si regresáramos a la década de los 70, podemos ver consecuencias graves al ser blanco de acciones arbitrarias del sistema de inteligencia del Estado”.

Incluso, advirtió que como vigilante de los Derechos Humanos, se reserva el derecho de revisar el aspecto legal en el que se ampare la PNC para ejecutar los registros.

Además, cuestionó que la Fiscalía General de la República, como entidad independiente, podría estarse poniendo al servicio de la policía, cuando la atribución de funciones es a la inversa.

Por su parte, el diputado del FMLN, Manuel Melgar, se muestra en contra de la estrategia de verificación policial en los hogares y negocios, para detener la ola de homicidios.

“La PNC sólo puede ingresar a las casas por orden judicial, fiscal o si existe flagrancia. Con el pretexto de combatir la delincuencia estarían pisoteando la dignidad de las personas”, manifestó.

El legislador indica que la fuerza de seguridad para retirar armas o droga ilegal, no necesita este tipo de operativos, porque la ley le faculta seguir los procedimientos apropiados.
“Es peor que regresar a los años 70. Me parece que son planes intimidatorios. El que es delincuente debe ir a la cárcel, pero al honrado debe respetársele su dignidad”, insistió el legislador de izquierda.