Desde Washington
Dañino programa de protección al azúcar

El mundo continúa observando si Estados Unidos compensará a países por sus reformas democráticas, seguirá comprometido con la región y se convertirá en un mejor practicante del libre comercio

Marcela Sánchez*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

WASHINGTON. "El mundo nos está observando", advirtió el subsecretario de Estado Robert B. Zoellick esta semana, al exponer la urgencia con que el Congreso estadounidense debiera ratificar el tratado de libre comercio de Estados Unidos con cinco países centroamericanos—Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua— y República Dominicana.

El acuerdo, aunque diminuto en términos económicos estadounidenses, tiene grandes ramificaciones. Es un peldaño en la agenda global de comercio del Presidente Bush y un componente clave de su promesa de ayudar a fomentar la prosperidad y la democracia en este hemisferio. Pero si el Congreso no ratifica el acuerdo y "retrocedemos hacia el aislacionismo", advirtió Zoellick, "Daniel Ortega, Hugo Chávez, y otros como ellos —autócratas de izquierda o de derecha— avanzarán".

Como la administración y Zoellick lo ven, el tratado que ahora se llama CAFTA-DR es la "culminación lógica" de 20 años de esfuerzos en la región para asegurar que la democracia llegó para quedarse. Sin el acuerdo, la ardua lucha por la transparencia, el Estado de Derecho, la gobernabilidad y las reformas de mercado de países que estuvieron enredados en guerras civiles y disturbios, habrá sido en vano. Si no se encuentra beneficio económico al final del camino, no hay duda que aquellos líderes que se oponen a todo lo que viene de Washington señalarán con gusto esta nueva falla.

Es un gran peso sobre los hombros de un modesto acuerdo y por supuesto que habrá observadores en la región que cuestionarán la profundidad del compromiso de Washington. Pero en un aspecto más fundamental, la región está también pendiente de ver si Estados Unidos puede realmente cumplir lo mismo que espera de los demás: abrir sus mercados y practicar un comercio más justo.

Ahora mismo el Congreso se muestra indeciso debido al hecho de que algunas poderosas fuerzas en este país consideran excesivo abrir las puertas de un mercado de materias primas en un 1 por ciento. Bajo los términos del acuerdo, las exportaciones de azúcar de los países en CAFTA-DR a los Estados Unidos, aumentarán hasta llegar apenas a un 1 por ciento de la producción estadounidense. Más aún, el acuerdo incluye salvaguardas que le permiten a Washington pagarle a proveedores extranjeros, para que no exporten su producto si la industria azucarera estadounidense se ve "amenazada".

Pero incluso bajo concesiones tan irrisorias y las protecciones adicionales mencionadas, la industria azucarera estadounidense está liderando la oposición al CAFTA-DR, temerosa de que el acuerdo represente el comienzo del fin de un arreglo muy cómodo que han disfrutado por décadas. Los Estados Unidos hace tiempo protegen a su industria azucarera de precios mundiales bajos con una combinación de préstamos y cuotas. Por años, los precios del azúcar en este país han sido hasta tres veces más altos que el precio mundial promedio. He ahí una buena receta para endulzar las cosas artificialmente.

Según un informe del 2000 del órgano investigador del Congreso, General Accounting Office, la política que mantiene los precios elevados le cuesta al consumidor estadounidense entre $800 y $1.900 millones de dólares al año. El dinero termina, según estimativos de la GAO, en los bolsillos de azucareros como los exiliados cubanos Alfonso y José Fanjul. Gracias al generoso programa federal, los Fanjul reciben un bono anual de $60 millones de dólares, lo suficiente para ayudarlos a mantenerse a sí mismos (y a sus yates) cómodamente a flote.

A cambio, la industria azucarera retribuye considerablemente a los políticos. En 2004, la industria le dio más a candidatos al Congreso por ambos partidos —$2.4 millones— que cualquiera de los otros 46 sectores agrícolas evaluados por Political Money Line con sede en Washington.

Entre tanto, los azucareros en países desarrollados continúan luchando sin protección alguna y en un mercado distorsionado. Para ellos, acuerdos de libre comercio —incluso tan limitados como CAFTA-DR— son la mejor oportunidad para demostrar su competitividad frente a azucareros estadounidenses. Y hay que darles crédito, ya que a diferencia de estos últimos, ellos pueden afirmar que son competitivos sin la ayuda de ningún subsidio gubernamental.

Puede haber quienes concluyan que todas estas son razones para oponerse al acuerdo por completo. Pero ese no es el punto. Los acuerdos de libre comercio nunca serán perfectos y sólo serán beneficiosos en la medida en que los sectores público y privado se esfuercen para que lo sean. La industria azucarera centroamericana ya calcula que el acceso adicional de su azúcar a Estados Unidos bajo CAFTA-DR, les representará más de $40 millones de dólares en ingresos.

Para algunos latinoamericanos, el poder de la industria azucarera en este país confirma sus dudas sobre el compromiso de Washington con el libre comercio. Los líderes latinoamericanos —cada vez más con credenciales de centro izquierda—, están luchando para convencer a quienes conforman su base de apoyo de que no los traicionan si se mantienen fieles a las reformas de mercado y negocian acuerdos como el CAFTA-DR.

El mundo continúa observando si Estados Unidos compensará a países por sus reformas democráticas, seguirá comprometido con la región y se convertirá en un mejor practicante del libre comercio. Pero también si la administración Bush y el Congreso podrán desmantelar un costoso programa de sostenimiento de precios y reclamar su independencia de oligarcas que recorren el Caribe con yates pagados con el trabajo duro de los consumidores.

*Columnista del Washington Post.