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José Luis Henríquez
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

Alrededor de 9,000 contribuyentes tienen saldos pendientes de pago con el fisco, sólo del ejercicio 2004, los cuales ascienden a la cantidad de 20.5 millones de dólares, confirmó ayer el Ministerio de Hacienda.

La mora proviene del no pago del impuesto sobre la renta que según la declaración presentada tenían que cancelar a más tardar el 2 de mayo pasado, último día para declarar ese gravamen.

Los registros oficiales indican que hasta esa fecha se recibieron 4,370 solicitudes de personas que requerían pagar sus saldos a plazo, por un monto de 12.4 millones de dólares. A esa gente en el acto se les emitía la resolución (aceptación de la solicitiud) y se le imprimían sus mandamientos de pago.

El decreto aprobado por a Asamblea Legislativa permite que los morosos se acojan a un plazo de seis meses para poder cancelar sus impuestos.

Más deudores

Asimismo, el pasado 2 de mayo se recibieron 1,049 solicitudes de pago a plazo, pero a raíz del exceso de personas que llegó a las oficinas de Hacienda, únicamente se les recibió el formulario y no se les emitió ninguna resolución ni se elaboró ningún mandamiento de pago (especie de letra por pagar), por lo que esos otros deudores deben pasar a Hacienda a retirar la resolución.

Dichos contribuyentes deben al fisco más de 2.6 millones de dólares.
El director de Tesorería de esa cartera de Estado, Mariano Bonilla, instó a los contribuyentes a retirar la respuesta de Hacienda porque la primera cuota debe ser cancelada ahora en mayo.

Otra clase de morosos son los 3,896 contribuyentes que entregaron su devolución, y que estando obligados a abonar más de 5.5 millones de dólares no pagaron ni pidieron plazo.

A partir del 3 de mayo, el fisco tiene 15 días para notificar a los contribuyentes que tienen dicha deuda, al tiempo que realizan la investigación patrimonial del deudor. Ese plazo vence el 24 de mayo.

“Nosotros ya recibimos 1,087 certificaciones de la Dirección de Impuestos Internos para que iniciemos el requerimiento de pago”, apuntó.

Emplazamiento

Luego, del 24 de mayo al 14 de junio, hay otros 15 días hábiles, en donde los contribuyentes tienen 10 días para pagar y la Administración Tributaria esperará otros cinco días antes de enviar los casos a la Fiscalía.

De acuerdo con la ley, Tesorería está facultada para remitir a la Fiscalía General de la República esos casos para que proceda al cobro judicial. Esto implica procesos de embargo de los bienes o de los sueldos de los contribuyentes.

“En ese sentido hacemos un llamado a los contribuyentes para que se presenten a nuestras oficinas y tramiten sus pagos a plazo”, dijo Bonilla.

En estos casos, el Código Tributario faculta a la administración tributaria para que una vez que tenga los requerimientos proceda a una investigación del sujeto obligado, para determinar si tiene bienes inmuebles, vehículos u otros.

Si el moroso es empleado, público o privado, Hacienda emite un dictamen para que el pagador de la empresa donde labora le descuente el 10% de su salario para amortizar a su deuda.

Igual sucede si el deudor es proveedor del Estado. En esta situación la resolución fiscal exige que la institución oficial le retenga hasta el 10% del monto que se le debe cancelar por el proveído.

Asimismo, cuando las personas tienen inmuebles o casas se le pide a la Fiscalía que haga una anotación preventiva para que no pueda alzar o transferir dichos bienes. Esta disposición también aplica para los automotores.

Bonilla también recordó que la amnistía fiscal, por impuestos dejados de pagar en ejercicios anteriores al de 2004, vence el próximo 31 de mayo.

Acá la meta de recaudación era de 12 millones de dólares, sin embargo, hasta ayer se contabilizaban 14 millones de dólares.

Originalmente la amnistía vencía el 23 de febrero pasado, pero una prórroga otorgada por la Asamblea amplió la fecha de vencimiento en 90 días.

“Aquí entraba gente morosa y omisos (personas que no habían presentado su declaración por varios períodos y estaban exentos de multas)”.

La amnistía incluye a deudores que presentaron formularios de renta con errores y que ahora pueden hacer los arreglos correspondientes.

“Con esta disposición se perdonó a los contribuyentes más de tres millones de dólares, en concepto de intereses y de multas”, concluyó el funcionario.