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 Carlos
Mayora Re*
El Diario de Hoy
editorial@
elsalvador.com
El sistema de transporte público es noticia con mucha frecuencia.
Si no es por los accidentes, salta a los noticieros por las amenazas de
elevar tarifas. Últimamente el tema que ha servido a los transportistas
para hacerse notar ha sido la supuesta corrupción en el Viceministerio
de Transporte.
Total, por una u otra causa, los buses, los buseros y los directivos de
las gremiales pocos días pasan desapercibidos.
Cuando comenté a algunos amigos que quería escribir sobre
el tema, muchos me disuadieron de hacerlo. ¿Para qué te
vas a meter en ese lío? ¿Qué querés lograr
con ello? Quizá lo más importante, para mí, es aclararme
sobre el asunto, y, de paso, contribuir a formar opinión.
Precisamente el caso del transporte público se vuelve tan conflictivo,
a veces, porque la gente lo aborda desde una postura en la que faltan
muchas cosas, pero casi nunca intereses personales.
Es función del gobierno contribuir con su trabajo al bien común
de la población, del cual —obviamente— el transporte
público es parte muy importante.
Entiendo el bien común como el conjunto de condiciones que nos
permiten a todos alcanzar libremente nuestros fines honestos, ¿y
qué fin más honesto que el dirigirse todos los días
al trabajo, visitar a parientes y conocidos o transportarse a lugares
de esparcimiento y diversión?
Por otro lado, está claro que al igual que la garantía de
un transporte público de calidad, a buen precio y seguro, hay muchísimas
cosas que el Gobierno tiene el deber de hacer.
Sin embargo, no llega a todo, por varios motivos: porque a veces delega
en los particulares el desarrollo de los trabajos e iniciativas (en palabras
actuales: porque los servicios son privatizados), o porque, sencillamente,
el Gobierno no cuenta con los recursos económicos o el personal
para llevar a cabo esas iniciativas.
En el caso del transporte público en este país estamos en
un régimen de privatización. Está en manos de la
iniciativa privada. Pero es el Gobierno, es el Estado, el que ha cedido
a los particulares la operación y administración, posibilitándoles
que ganen dinero con el servicio.
Por lo tanto, si ha hecho una concesión, está en pleno derecho
de condicionar, regular, legislar y controlar el servicio.
A veces parecería que algunos empresarios de autobuses se olvidaran
que son concesionarios de un servicio que no les pertenece por derecho.
Y quizá por ello exigen y plantean asuntos que en el contexto que
tratamos son impertinentes.
Entonces, si el Gobierno tiene el deber de garantizar un transporte seguro,
a precio justo y de calidad, podría en un cierto momento retirar
los permisos a los empresarios que no cumplan con los requisitos establecidos
y, una de dos: o se hace cargo directamente (cosa poco recomendable),
o autoriza a otros empresarios particulares —quizá más
eficientes— para que operen el servicio.
El fin de esta nota no es, como decía más arriba, zanjar
un asunto de suyo difícil. Pero sí reflexionar acerca de
los principios en que se asienta, con el ánimo de comprender mejor
la problemática.
En esto del transporte público se dan ciertas paradojas: las leyes
del mercado funcionan curiosamente, en perjuicio de los usuarios, pues
al ser la demanda tan grande, la oferta —independientemente de la
calidad— siempre tendrá compradores. Además, es un
servicio en manos privadas que no se ha logrado mejorar por la competencia.
Además, a pesar de tener un mercado cautivo enorme, y la posibilidad
de manejar grandes cantidades de efectivo (ventajas que ya quisieran muchos
negocios en el país), en lugar de concentrarse en pocas manos,
el negocio parece repartirse entre muchos pequeños emprendedores,
con contadas excepciones.
Además, la existencia de empresarios de transporte entre los legisladores
complica considerablemente las cosas. Nunca he logrado entender cómo
es posible que en asunto tan delicado se permita a los actores ser juez
y parte.
Quizá esto del transporte es una muestra de lo poco educados que
somos como consumidores. Nos conformamos con cualquier cosa y casi a cualquier
precio. Es un problema importante, y fuente de problemas más graves
aún.
Ojalá se tuviera, en las instancias responsables, un plan mejor
articulado y más efectivo a corto plazo, que no nos llevara sólo
a reaccionar ante las amenazas y exigencias de los transportistas que,
hoy por hoy, han aprovechado el alto precio del combustible, mañana
será quizá una manipulación cara a unas próximas
elecciones, y más adelante quién sabe por dónde podrían
salir.
*Ing. Industrial, Dr. en Filosofía y columnista de El Diario de
Hoy.
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