Cambio. El agua será un producto económico. Foto EDH

San José
El Diario de Hoy
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Dos expertos ambientales alertaron sobre la gestión de las fuentes de agua que se podría dar en el marco de las inversiones generadas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos.

Martin Wagner, representante de la organización estadounidense “Earthjustice”, aseguró que dentro de los tratados de libre comercio el agua es vista como un bien más, “por lo cual se vuelve sujeto de las normas del derecho internacional”.

“Dentro de un TLC el agua está disponible para uso comercial limitando la posibilidad para los gobiernos de regular la forma como ésta es usada o explotada”, declaró Wagner en un debate sobre el tema organizado por la estatal Universidad de Costa Rica (UCR).

De acuerdo con el experto de “Earthjustice”, una firma de abogados dedicada a la defensa del medioambiente, el derecho internacional contempla normas para proteger las inversiones extranjeras, las cuales son superiores a las legislaciones nacionales.

Wagner citó como ejemplo que si una compañía embotelladora de agua o refrescos se establece en un país en el marco de un TLC “el Gobierno no puede solicitar a la embotelladora vender un porcentaje mínimo en el país u ofrecer una cantidad gratis para los barrios pobres”.

En caso de que el Gobierno exigiera algún tipo de cumplimiento y “un inversionista considera que sus derechos han sido violados por el Estado, puede demandarlo y acudir a un arbitraje internacional de solución de controversias”, explicó el experto ambiental.

“Actualmente, en Estados Unidos se han presentado reglamentos de regulación ambiental que se han desechado por miedo a enfrentar demandas de empresas con base en las normas de inversión internacionales del comercio”, detalló Wagner.

Contradicción

El representante de la Fiscalía del Medio Ambiente de Chile, Fernando Dougnac, aseguró que en su país el agua ha sido administrada de manera contradictoria, pues mientras la Constitución la establece como un bien nacional, el Código de Agua de 1981 la catalogó como un bien económico.

“El código establece que el uso y goce de las aguas le pertenece a los particulares que se les ha asignado un derecho de aprovechamiento que es del dominio completo y total de su titular”, explicó Dougnac (EFE).