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Pablo Balcáceres
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

La empresa privada advirtió ayer al Gobierno que “se le pasó la mano” con las sanciones que contempla la Ley de Protección al Consumidor que se ha propuesto llevar a la Asamblea Legislativa.

La decisión de adecuar la legislación a los tiempos modernos se ha llevado las palmas, pero levantar un techo de 800 mil dólares para las multas no era la propuesta que tenían en mente las entidades consultadas por El Diario de Hoy.

El cuerpo legal elaborado por la Comisión Presidencial para la Defensoría del Consumidor establece máximos graduales según los tipos de faltas: leves (7 mil 920 dólares), graves (31 mil 80 dólares), muy graves (79 mil 200 dólares), o lesión de intereses colectivos (792 mil dólares).

El director ejecutivo de ANEP, Raúl Melara Morán, se mostró sorprendido con las cifras, pues ese no era el acuerdo negociado.

“Las empresas que engañen al consumidor final deben tener sanciones de acuerdo con la gravedad; sin embargo, tengo entendido que las multas iban a rondar los 150 mil ó 200 mil dólares para casos excepcionales”, manifestó.

“Ante todo debe estar la conciliación. Las multas y el cierre de empresas es lo último en que se debe pensar” Raúl Melara Morán Dir. ejecutivo de ANEP

“Esa ley debe prosperar para corregir los abusos, pero las multas que se pretenden son exageradas” Maximiliano Portillo Pdte. de AMPES

El directivo dijo que el gremio acompañó la elaboración del documento antes de que cruzara las puertas de la Secretaría Jurídica, y que desconoce el resultado final.

Melara consideró que en general la normativa volverá a las compañías “más eficientes y productivas”.

El director ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio (Amcham), Enzo Bettaglio, afirmó por su lado que se había acordado un techo menor:

“Esta ley se da en economías avanzadas y fortalece el Estado de Derecho, pero si estamos haciendo el esfuerzo de pasarla, debe ser de la mejor manera posible. Las sanciones deben estar más apegadas a la realidad de la economía”.

“Tan disuasiva es una muy alta tasa de penalidad como una extrema tasa de penalidad. Lo que hay que evitar es caer en extremos”, resumió su postura el director ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) Claudio de Rosa.

El banquero instó a la Defensoría del Consumidor a evitar la discrecionalidad en la aplicación de la normativa, si se llega a entronizar.

“Sanciones de esa naturaleza pueden dejar a cualquier empresa fuera del mercado y generar un problema de desempleo”, dijo De Rosa.

Para la Sociedad de Comerciantes e Industriales (SCIS), las amonestaciones no son el problema.

“Una ley es de carácter preventivo y jamás curativo. La idea de la señora Jacir de Lovo ha sido causar un impacto económico dentro de cada uno de nosotros para evitar que caigamos en ese vicio”, sopesó el secretario de la SCIS, Roberto Sampson.

Las virtudes

El entrevistado recordó que el progreso de Estados Unidos ha radicado en el respeto a los consumidores. La ley, que está basada en los preceptos de las Naciones Unidas, posibilitará una mejor absorción del Tratado de Libre Comercio con ese país, esgrimió.

El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (AMPES), Maximiliano Portillo, consideró que no se trata de regular, sino de sintonizar el libre mercado y la supervisión de los abusos.

“Esperamos que esto venga a frenar las especulaciones y a corregir los vacíos del mercado en detrimento del consumidor. La ley tiene muchos más beneficios que partes negativas”, sopesó.

La conciliación

- La Defensoría del Consumidor se creará con la nueva ley.
- Tendrá un Centro de Solución de Controversias para que los proveedores y consumidores concilien diferencias. Así, las empresas se podrán librar de las multas.
- La entidad podrá mediar, conciliar y arbitrar.
- Los castigos los impondrá un Tribunal Sancionador.