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Joaquín
Villalobos*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Oxford, Inglaterra. ¡Dame veinte minutos y te resuelvo el problema!,
dijo el general José Alberto Medrano, director de la Guardia Nacional,
al general Fidel Sánchez Hernández, Presidente de la República.
Era 1970, una huelga magisterial cobraba fuerza y los maestros habían
tomado algunas plazas de San Salvador. Medrano pedía autorización
para que sus guardias los desalojaran; el ministro de Educación,
licenciado Walter Béneke, se oponía, pero al final el Presidente
ordenó el desalojo. Béneke advirtió entonces a Medrano:
¡El país terminará mal y vos también! Efectivamente
no fueron 20 minutos, sino 20 años y 80,000 muertos. Sánchez
Hernández fue temporalmente derrocado en un cruento golpe de Estado,
Béneke fue asesinado por los escuadrones de la muerte y Medrano
fue ejecutado por un comando guerrillero cuando ya era un anciano.
Entre 1930 y 1982 El Salvador fue gobernado por seis generales, cuatro
coroneles y siete juntas militares. En ese tiempo hubo siete golpes de
Estado y seis elecciones. De éstas, sólo dos tuvieron pocos
cuestionamientos: en una, el coronel que ganó dijo haber obtenido
el 95% de los votos; en otra, otro coronel compitió solo y los
fraudes de las dos restantes provocaron la guerra civil. La fuerza como
recurso para mantener el orden y resolver diferencias está profundamente
arraigada en nuestra cultura. Por haber sido siempre el instrumento de
los gobernantes se convirtió también en el de los gobernados
y ahora domina en la izquierda y la derecha, en civiles, militares, pobres
y ricos.
El militarismo, las guerrillas, los escuadrones de la muerte, las protestas
violentas, los pleitos callejeros, la exagerada armamentización
de los civiles, la violencia doméstica y la creencia de que seguridad
es sinónimo de represión están vinculados a factores
culturales. El debate entre el general y el licenciado representa el dilema
entre fuerza o conocimiento. En ese debate la fuerza asesinó 400
maestros, asaltó tres veces la Universidad Nacional, apaleó
a un premio Nobel de Medicina, acribilló a tiros a dos rectores
y terminó ejecutando a seis brillantes académicos jesuitas.
Cuando la violencia es parte de la cultura tiene vida propia y puede reciclarse.
Las maras se han multiplicado, existen grupos de exterminio de delincuentes,
elevada violencia social, grupos de extrema izquierda armándose,
estructuras secretas ilegales persiguiéndolos y el crimen organizado
está derrotando a la policía y al Poder Judicial. La guerra
era una violencia organizada con actores reconocidos y propósitos
definidos, pero ahora ésta se ha reciclado en formas más
atomizadas, complejas, agresivas y persistentes. Si la estrategia para
enfrentarla es errada podemos repetir la premonición de Walter
Béneke: El país terminará mal. La posibilidad
de ser una sociedad pacífica está en riesgo de retroceso.
La mara Salvatrucha es una marca salvadoreña de violencia
con excelente posicionamiento internacional. Guatemala, Honduras y El
Salvador, por sus altas tasas de homicidio, secuestros, sangrientas batallas
en las cárceles, linchamientos populares y cumbres presidenciales
de seguridad, parecieran estar de nuevo en guerra. La pregunta principal
es: ¿Por qué las maras se expandieron sólo en esos
tres países?, precisamente los tres con tradición militarista,
descuido en la prevención temprana y preferencia por la represión.
Paradójicamente Nicaragua, con posguerra, emigración, similar
densidad de población que Guatemala y Honduras, pero con más
pobreza, menos policías, mucho más inestabilidad política
y menos institucionalidad en la justicia, tiene menos delitos, menos presos
y es uno de los países más seguros de América Latina.
En Nicaragua la tradición militarista terminó con la desaparición
de la Guardia de Somoza, aunque esto abrió paso a una policía
y un ejército altamente politizados e ideológicos. La institucionalización
implementada durante la presidencia de Violeta Chamorro, apoyada por los
sectores moderados del sandinismo, corrigió lo ideológico,
pero la capacidad política de los oficiales de policía y
ejército les facilita actuar de manera diferente ante los problemas
de seguridad. En Nicaragua la organización de las comunidades se
desplegó a plenitud y esto deriva en mayor control social y convivencia
pacifica, y es el control social, no los policías, lo determinante
en la seguridad de cualquier país. En los otros tres países
la organización de las comunidades ha sido reprimida. En Nicaragua
hay detección y prevención temprana desde abajo y, en los
otros, hay indiferencia ante la violencia entre los de abajo y represión
reactiva de arriba hacia abajo.
Recientemente tres policías esposaron y arrestaron a una niña
de cinco años en un kindergarten de la Florida, EE.UU., porque
no obedecía a los maestros. Se podría hablar de las torturas
en Iraq, pero el caso de la niña ejemplifica mejor el modelo de
autoridad y represión estadounidense que influencia a Guatemala,
El Salvador y Honduras, el cual supone que la seguridad no requiere planeación
científica integral, sino fuerza. Esto deriva en civiles que se
arman y policías que torturan. Lo primero provoca que los ciudadanos
se maten entre ellos mismos, y lo segundo convierte a los policías
en delincuentes con poder.
En el modelo represivo, los encargados de la seguridad comienzan pateando
delincuentes y terminan matando a cualquiera, inventan conspiraciones,
espían a ministros y presidentes y terminan formando estructuras
ilegales para inteligencia y exterminio de delincuentes. Esto siempre
deriva en crimen organizado. Mano de hierro, mano blanca, sombra negra
y bandas tipo Chele Papaya son lo mismo. En nuestro país
empezaron persiguiendo opositores y terminaron secuestrando a empresarios.
Las políticas más exitosas en seguridad consideran los derechos
humanos una ventaja, en México el Gobierno de Ernesto Zedillo derrotó
a la guerrilla zapatista con un cerco de operaciones sociales y golpes
de tolerancia política. Antanas Mockus, matemático y ex
alcalde de Bogotá, redujo los homicidios y mejoró notablemente
la seguridad transformando la conducta de los bogotanos. Costa Rica sustituyó
hace 58 años la fuerza por la educación como pilar de la
seguridad, y sobra hablar de los resultados. En nuestro país existen
alcaldías que tienen menos maras a partir de políticas de
organización y participación de las comunidades.
La seguridad es un tema civil multidisciplinario, social, cultural, jurídico,
político, económico, educativo, moral y mediático.
La represión es importante, pero es sólo un componente más,
y utilizada exclusivamente no resuelve la violencia, sino que la multiplica.
Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, Perú y hasta la Venezuela
de Chávez, que tienen policías militarizadas, sufren graves
crisis de seguridad. En El Salvador, ofrecer mano dura para ganar una
elección era políticamente rentable, aunque no fuera decente.
La repetición constante de un mensaje de fuerza dirigido a los
instintos de venganza multiplica la cultura de violencia, ya que mano
dura es también una pelea de vecinos o el marido que le pega a
su esposa.
Las maras, cuando comenzaron, eran un problema de violencia social juvenil
que atormentaba a los pobres, como no se hizo nada empezaron a matar y
robar, cuando se las reprimió se volvieron más violentas;
cuando se las encarceló masivamente, se armaron y se organizaron
nacionalmente, ahora se han convertido en sicarios del crimen organizado
y han creado una grave crisis regional. El plan de seguridad que se implementó
hace un año ya fracasó y, si no se corrige, lo peor estaría
por venir. Es hora de escuchar al licenciado y descartar al general.
*Columnista de El Diario de Hoy.

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