Conversando sobre política
De monseñor Romero al Dr. Rodríguez Porth

Lo nuestro fue entre dos bandos que no pudieron encontrar en la razón y en las palabras la solución de los problemas de nuestro querido El Salvador

Luis Mario Rodríguez R.*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Cuando se inició el conflicto armado, muchos de los que integran mi generación rondábamos entre los 8 y 11 años. Algunos nos han llamado la “generación de la guerra”, pues nuestra adolescencia se desarrolló entre bombas, fiestas de quince años, secuestros con motivaciones políticas, primeros noviazgos, negociaciones de paz, ofensivas guerrilleras y, finalmente, la ansiada firma de la paz, en enero de 1992.

Para llegar a ese momento en Chapultepec, donde el Presidente Cristiani rompía el protocolo y saludaba a los líderes de la guerrilla, miles de salvadoreños tuvieron que sacrificar su vida, unos defendiendo la soberanía nacional, la democracia y el Estado de Derecho, mientras otros lo hicieron, según ellos, motivados por nobles ideales cimentados principalmente en la falta de oportunidades y en una desigual distribución de la riqueza, además, como todos sabemos, los dos bloques extranjeros identificaron la coyuntura para jugar a su “guerra fría”.

A más de doce años de firmados los Acuerdos de Paz, continuamos escuchando voces de venganza. “Debemos derogar la ley de amnistía”, “es necesario que los culpables paguen”, “debemos preocuparnos por que las actuales generaciones no se decidan a resolver sus problemas por medio de las armas”; algunos han llegado al extremo de manifestar que “no les importa que sus propios líderes sean juzgados por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la época de la guerra”; habría que esperar realmente a ver su reacción si los legisladores se decidieran a derogar la ya citada ley de amnistía.

No conocí ni a monseñor Romero ni al Dr. José Antonio Rodríguez Porth. Lo que sé de ellos es tan sólo por referencias escritas o comentarios de la calle. Del primero, con todo el respeto que merece alguien que según la Iglesia tiene posibilidades de convertirse en Santo, comprobando con ello que practicó las virtudes humanas como excepcionalmente lo hace cualquier ser humano, se escuchan más comentarios influenciados por motivaciones ideológicas que milagros y acciones sobrehumanas que realizó para luchar por una humanidad justa. Recién escuché a un clérigo que comentaba los gritos de “vivan los países socialistas” que se le escapó a un grupo de feligreses que se encontraba frente a la tumba de monseñor Romero.

Para El Salvador, y principalmente para los católicos, si la Iglesia lo declarara Santo, lo acogeríamos como tal, le subiríamos al altar, le veneraríamos y, en particular, algunos nos esforzaríamos por conocer sus virtudes, y no las que sus seguidores “dicen que él tenía”. No dudo que luchó por hacer de este país un lugar más justo, próspero, democrático y con oportunidades para todos. Lo hizo desde el púlpito, como los políticos lo han hecho durante años desde los curules. Tampoco dudo de que su muerte fue un crimen, desdeñable a toda costa.

Del Dr. Rodríguez Porth, ya lo dije, sé lo que durante mis años en la cúpula empresarial escuché por parte de todos los líderes gremiales. Hombre de bien, con carácter, defensor de los principios de libre empresa, lideró grandes luchas por mantener a flote los anhelos democráticos de todos los salvadoreños durante el conflicto armado. Director Ejecutivo por muchos años de la Cámara de Comercio e Industria y presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, dejó un gran vacío cuando fue asesinado, apenas una semana después de haber sido designado como ministro de la Presidencia por el ex Presidente de la Paz. El sector privado organizó un paro empresarial de toda una tarde en su honor y en reproche por los crímenes cometidos por la guerrilla.

Así como estos dos ilustres salvadoreños, murieron también miles más. De uno y otro bando. Sorprenden los asesinatos del ex Fiscal General de la República y del de la Corte Suprema de Justicia, Dr. García Alvarado y el conocido “Chachi Guerrero”. El de Mélida Anaya Montes y el de varios dirigentes sindicales de “Andes 21 de Junio”. Y digo que sorprenden porque representaban a la institucionalidad del país. Unos, porque efectivamente eran titulares de entidades estatales que no hacían más que cumplir el trabajo para el cual habían sido electos, y otros, porque lo que ha- cían era por convicción, defendiendo los derechos de cientos de miles de trabajadores.

Nada fue justo en ese entonces. Ni los secuestros de exitosos empresarios, incluso después de firmados los Acuerdos de Paz, ni las desapariciones de indefensos niños. Las familias de ambos los lloraron y los lloran con igual dolor. Lo nuestro fue una guerra, no un sistema dictatorial, como sucedió en varios países del Cono Sur. Lo nuestro fue entre dos bandos que no pudieron encontrar en la razón y en las palabras la solución de los problemas de nuestro querido El Salvador. Y finalizó también por un acto acordado por ambas partes y que tuvo como testigo a la Organización de las Naciones Unidas.

Cuando escuchamos voces que nos avivan para volver al pasado debemos reflexionar intensamente las motivaciones que los llevan a ello. Si son motivaciones políticas no se está haciendo más que jugar con la memoria de todos los que murieron durante la “década pérdida”. Si lo hacen porque de verdad creen en los derechos humanos, entonces deben respetar el ordenamiento jurídico interno y el orden jurídico internacional. Dos leyes de amnistía cerraron definitivamente la posibilidad de juzgar a todos aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos de parte de ambos grupos.

Luego, si bien El Salvador es Estado parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos por haber efectuado el depósito de su instrumento de ratificación en la Secretaría General de la OEA el 23 de junio de 1978 y cuya competencia contenciosa fue reconocida por el mismo el 6 de junio de 1995, a través del correspondiente depósito, el país expresó su reserva en el sentido que la Corte no podía conocer de los hechos y principios de ejecución de hechos relacionados con supuestas violaciones a los derechos humanos sucedidos antes de 1995.

Las limitantes legales, internas y externas, no se introdujeron para fomentar la impunidad. Se hicieron conscientemente para cerrar las heridas, de uno y otro lado, para evitar que los fieles seguidores de monseñor Romero y los familiares del Dr. Rodríguez Porth fueran instrumentalizados, utilizando el nombre de sus seres queridos con el propósito de seguir desgarrando la historia de este país. No fue justa su muerte ni la de los 80 mil salvadoreños que les acompañaron. ¿Queremos continuar adelante?

*Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República. Columnista de El Diario de Hoy.