Begoña Llanos
El Diario de Hoy
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Hoy en día, una buena parte de la población económicamente activa se gana la vida fuera de los parámetros de un sueldo... emprendiendo, consolidando su propio negocio y futuro económico.

Tan sano ha resultado este modus vivendi para la iniciativa privada, que los gobiernos de los estados empiezan a considerar la alternativa de volverse emprendedores...

Auspiciado por la USAID, Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, y Banobras, como contraparte mexicana, los gobiernos de ambos países firmaron un Convenio de Cooperación Internacional entre sus respectivos países durante la Cumbre de Monterrey, en marzo de 2002.

Este acuerdo lleva el nombre de Partnership for Prosperity (Sociedad para la Prosperidad), e incluye una alianza específica que lleva el nombre de Modelo de Desarrollo Municipal Mediante Financiamiento de Infraestructura en México, cuyo fin es crear las estructuras propicias para que los estados puedan obtener recursos económicos sin depender estrictamente del Gobierno Federal.

Desde hace años la Federación Mexicana se ha encargado de recaudar las contribuciones económicas, tanto propias como de los estados y de redistribuir las participaciones Federales a Estados y Municipios.

Independencia

Además, hasta hace poco, existía un procedimiento mediante el cual el gobierno federal autorizaba a algunos Estados a contraer duda, ya fuera con la banca comercial o con la banca de desarrollo, e incluso existía la opción de hacerse de recursos en la bolsa de valores.

Lamentablemente, los proyectos emprendidos por los estados con estos fondos fracasaban con mucha frecuencia y la Federación tenía que saldar las deudas que los Estados habían contraído.

Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impuso a los estados y municipios que solicitaban recursos, la condición de obtener al menos dos calificaciones de crédito, es decir, dos evaluaciones —hechas por las llamadas Agencias Calificadoras— de su capacidad de endeudamiento y de la viabilidad de los proyectos para los que solicitaban el dinero.

Con estas credenciales muchos estados empezaron a pensar en obtener sus recursos en el mercado de valores, pues este dinero podía resultar mucho más barato.

Esta reflexión, aunada a ciertas circunstancias políticas llevó al Gobierno mexicano a autorizar plenamente la emisión de bonos en la bolsa de valores por parte de los estados. Y fue así como, a partir de diciembre de 2001, se pudo realizar la primera colocación de bonos en el Mercado Nacional.

A partir de entonces varios Estados y Municipios han logrado acceder a este tipo de financiamiento a través de la bolsa de valores.

Desempeño

El futuro es promisorio —entidades públicas más autónomas, transparencia en el manejo de los recursos y un gran aliento al desarrollo de la infraestructura para el país—, sin embargo aún queda mucho por hacer —abrir esta posibilidad no sólo a las grandes entidades capaces de garantizar sus pagos sino también a las más pequeñas; convencer a los inversionistas capaces de ofrecer seguridad y permanencia: afores, aseguradoras, fondos privados o fondos mutuos—.

Se trata de un reto emprendedor que, como cualquier otro, exige trabajo, planeación, cambio de paradigmas y, sobre todo, una visión muy clara de la meta que se persigue y el tesón para conseguirla.