Dignatario. Bolaños está firme ante sus opositores. Foto EDH /AP

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El Diario de Hoy
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La crisis de poderes en Nicaragua experimentó otra escalada al reafirmar el gobierno que no acatará las reformas constitucionales aprobadas por sus opositores sandinistas y liberales que restan poder el presidente Enrique Bolaños.

El Procurador General de la República, Alberto Novoa, dijo ayer en declaraciones a la televisión local que el gobierno “acatará una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia que declara inaplicables las reformas”.

El anuncio gubernamental puso en alerta a los diputados sandinistas y liberales que sostienen que si Bolaños desconoce las reformas estaría violando la Constitución y las leyes y se convertiría en un delincuente.

Las reformas restan a Bolaños su potestad de nombrar o destituir ministros, viceministros, embajadores y otros funcionarios, pero la Corte Suprema de Justicia declaró que son legítimas porque surgieron del legislativo que es al que corresponde aprobar las leyes.

Mediante las reformas, el legislativo creó también el Instituto de la Propiedad que será el responsable de resolver los problemas derivados de las confiscaciones hechas por el régimen sandinista de los años 80. Los titulares de la nueva dependencia serán nombrados por el congreso unicameral, controlado por liberales y sandinistas.

Diputados sandinistas y liberales han expresado que conforme a la nueva ley nombrarán a funcionarios en varias dependencias estatales, pero el gobierno de Bolaños asegura que los desconocerá.

Temen golpe

- Publicaciones liberales como Trinchera de la Noticia aseguraron esta semana que Bolaños piensa utilizar el ejército y la policía “para dar un golpe de Estado al Legislativo”.
- El diputado René Herrera dijo que de no cumplir con la Constitución, el mandatario estaría sembrando la anarquía.