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José
Miguel Cruz
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com
El saldo de muertos por accidentes de tránsito y por violencia
intencional que dejaron las pasadas vacaciones de Semana Santa en nuestro
país no sólo evidencia que seguimos siendo uno de los países
más violentos de la región, sino que además sugiere
que, detrás de esa orgía de brutalidad en la que se convierten
nuestras festividades, existen otros factores que determinan la falta
de control que acaba expresándose en la violencia intencional tanto
como en la no intencional.
Ya no es ningún secreto que nuestro país ha estado compitiendo
en los últimos años por los primeros lugares en los niveles
de violencia homicida y, aunque dichos niveles habían estado en
disminución hasta 2003, la reducción de las tasas en otros
países y el repunte de nuestras tasas han hecho que nos mantengamos
en esa perversa competencia. Lo que es sorprendente —y muy revelador
a la vez— es el hecho de que nuestro país no sólo tiene
una de las tasas de homicidios más altas de la región, sino
que además ocupa una de las primeras posiciones en la tabla de
muertos por accidentes de tránsito. Esto significa que en El Salvador
mucha gente muere por violencia intencional y también por accidentes
de tránsito.
¿Por qué hay tanta violencia en diversos ámbitos
en este país?
Indudablemente esas tendencias apuntan a señalar un fuerte componente
cultural en las raíces del comportamiento salvadoreño. Este
comportamiento no es, sino el producto de la manera en que históricamente
se han configurado las relaciones sociales en el país y de la poca
capacidad que ha tenido el Estado salvadoreño para determinar códigos
de conducta a favor de la convivencia y de la paz.
No quiero hablar de cultura de violencia, al menos no hoy. Pero es indudable
de que detrás de esos comportamientos sociales, que nos han puesto
a la cabeza de los índices regionales de mortalidad por causas
externas, se encuentra la historia de un país en el que los gobiernos
se han negado sistemáticamente a cumplir con su papel de mediadores
y de garantes del bienestar y el orden social. Una historia en donde los
ciudadanos comunes y corrientes aprendieron a usar la violencia para resolver
los conflictos por su cuenta, porque a las autoridades no les interesaba
hacerlo, y en donde los ciudadanos aprendieron a ignorar las leyes, las
convenciones y los reglamentos para convivir en paz, porque las mismas
estaban diseñadas para beneficiar sólo a unos pocos o porque,
por lo general, no había quién las hiciera cumplir.
La historia de nuestro país es la reseña de una larga tradición
de regímenes autoritarios, cuyos intereses fundamentales eran que
los terratenientes de turno no se sintieran amenazados por el resto de
la población. La benemérita y otros cuerpos de seguridad
se encargaban eficientemente de garantizar eso, pero no mostraban el mismo
ahínco cuando se trataba de resolver los problemas ocasionados
por los conflictos entre los ciudadanos y menos cuando violaban leyes
que no afectaban la seguridad y la posibilidad de obtener ganancias para
los poderosos. Cuando, por diversas razones, se veían obligados
a intervenir, lo hacían ignorando cualquier marco de derechos y
libertades.
Estos regímenes transitaron a un intento de democracia electoral
en medio de un fuerte proceso de reformas económicas que empujaron
al Estado a desatenderse aún más de sus responsabilidades
frente a la población. Ciertamente, hoy ya no hay Guardia que proteja
a los finqueros por medio de la represión, pero difícilmente
hay instituciones que hagan valer los derechos de la población,
que protejan su integridad física, que medien en sus conflictos
y que hagan respetar las leyes ya reformadas. Los sucesivos gobiernos
areneros estuvieron más interesados en hacer cumplir las recetas
del Consenso de Washington y en crear las condiciones para que algunos
de sus correligionarios obtengan las mayores utilidades en sus negocios,
que en crear un Estado en donde todos tengan acceso a sus derechos y a
la justicia.
Los accidentes de tránsito tanto como los homicidios son, en parte,
el producto de una institucionalidad incapaz de hacer cumplir las leyes
cuando éstas no afectan a los más poderosos. Si no, hay
que recordar la facilidad con que cualquiera viola la ley impunemente
en este país y las veces que se le perdona. Ejemplo: las multas
de tránsito. El desorden social es el producto de un Estado que
se ve a sí mismo como garante de libertades económicas,
pero no como garante de la justicia y los derechos de todos los ciudadanos.
En su concepción, los gobiernos han dejado a los ciudadanos la
libertad para hacer lo que les dé la gana: comprar armas para defenderse
por su cuenta, violar cuanta regla de tránsito y de convivencia
existe y dejar que los más poderosos hipotequen el futuro del país
en favor de su propia ganancia particular.
*Director del IUDOP de la UCA y columnista de El
Diario de Hoy.
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