Agencias
El Diario de Hoy
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La Sociedad Interamericana de Prensa manifestó ayer su preocupación por la politización imperante en Nicaragua en torno a una reforma constitucional que incluye una política fiscal dirigida a los medios de comunicación que vulnera principios fundamentales sobre libertad de expresión.

La delegación de la SIP, liderada por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, Prensa Libre, Guatemala, mantuvo reuniones ayer con el ministro de de Gobernación, Julio Pasquier, en representación del presidente Enrique Bolaños; con el ministro de Hacienda, Mario Arana; con el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Ballardo Arce, así como legisladores de diferentes bancadas de esa comisión; y con periodistas y empresarios periodísticos de la prensa, radio y televisión.

Además de Marroquín, integraron la delegación de la SIP los vicepresidentes regionales José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, El Salvador y Jorge Canahuati, La Prensa, Honduras; así como el director de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti.

Polémica

“La SIP sostiene, como lo establece la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, que no deben ser utilizadas como instrumento para premiar o castigar a los medios de comunicación y a los periodistas, las legislaciones fiscales, la asignación de licencias y permisos para radio y televisión, ni el otorgamiento de la publicidad oficial”, manifestó Marroquín.

En Nicaragua se ha abierto una polémica en torno a la reforma del Art. 68 de la Constitución y la posterior aprobación por el Congreso de la Ley de Equidad Fiscal que modifica sustancialmente las exoneraciones tributarias para los medios de comunicación.

Bolaños, en consideración de que la quita de la exoneración viola preceptos sobre libertad de expresión, vetó la ley e impugnó la reforma constitucional.

Diputados sandinistas y liberales, impulsores de la reforma y la ley, negaron a la delegación de la SIP que la motivación de la reforma fuera para castigar a los medios, postura que contrastó con las opiniones manifestadas por los representantes del gobierno y periodistas.

Peligro

Marroquín agregó la preocupación de la SIP de que “en el continente americano cada vez más, es usual que los políticos intenten castigar o controlar a la prensa por medio de la aprobación de leyes, manipulación de la publicidad oficial y limitaciones a la información en poder del Estado, todo lo cual constituye un peligro y limitación a la libertad de prensa”.

En materia de iniciativas legislativas sobre acceso a la información pública y transparencia, la delegación de la SIP manifestó su interés de poner a consideración de los poderes públicos recomendaciones sobre el contenido que debe tener una ley de esta naturaleza para que cumpla con el propósito de que las autoridades pongan a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público.

La delegación también expresó el beneplácito de la SIP por la condena judicial a favor del crimen contra la periodista María José Bravo, ocurrido el 9 de noviembre del 2004, hecho que fue esclarecido con celeridad y prontitud, y que crea en Nicaragua un antecedente importante para combatir la impunidad que rodea a la mayoría de los asesinatos contra periodistas en las Américas.