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Análisis. La funcionaria presentó un extenso informe.Fotos
EDH
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El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo,
presentó a la Asamblea un informe en el que se solicita la derogación
de la Ley de Reconciliación Nacional, conocida como Ley de Amnistía.
La solicitud forma parte de las recomendaciones que la funcionaria hace
en un documento, de 88 páginas, denominado informe especial
sobre masacres de población civil ejecutadas por agentes del Estado,
en el contexto del conflicto armado interno ocurrido en El Salvador entre
1980 y 1992.
Según de Carrillo, la eliminación de grupos de población
formó parte de una política estatal para combatir a la entonces
guerrilla del FMLN.
La funcionaria sostiene que el Derecho Internacional establece que los
autores de masacres no pueden acogerse a las aministías.
Como Procuradora, me resulta evidente que la justicia penal salvadoreña
ha operado con una lógica perversa que ha hecho predominar la impunidad,
apunta de Carrillo en la página 84 del informe.
El farabundista Salvador Sánchez Cerén apoyó la derogatoria.
Es una ley que incumple las recomendaciones de la Comisión
de la Verdad y de la Comisión Internacional de los Derechos Interamericanos,
indicó el diputado.
El tricolor Francisco Prudencio calificó la postura de de Carrillo
como un trato entre la funcionaria y el Frente.
Nos preocupa el informe en el sentido que sólo condena al
Estado. Si se deroga, también que se investiguen los secuestros
hechos por Schafik Handal, expresó Prudencio.
En el escrito de la Procuraduría se exhorta al Presidente de la
República la reparación moral y material de las víctimas.
El Gobernante, Antonio Saca, aseguró ayer que no tenía conocimiento
del informe sobre masacres.
Oposición
- La ley tiene que dejarse así, no hay que volver atrás.
Es un tema histórico y ya jugó su papel. Si no, tendríamos
que revisar los Acuerdos de Paz, dice Eduardo Sancho, ex dirigente
de las RN.
- Facundo Guardado, de las ex FPL, la propuesta no es seria y que no es
necesario derogar la ley para administrar justicia.

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