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Amit
Chanda
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
El referendo de cualquier ley por el Congreso Nacional Popular de China
es siempre una mera formalidad, pero la polémica legislación
para declarar ilegal la secesión de Taiwán ha resultado
ser cualquier cosa menos rutinaria. Ha puesto el listón más
alto para el bando independentista de la isla y ha aumentado el riesgo
de un conflicto militar entre las dos riberas del Estrecho.
El impreciso lenguaje de la Ley Antisecesión y el intento de suavizar
la expresión —tal vez encaminado a aplacar a los críticos
extranjeros— aumenta paradójicamente —en lugar de reducir—
la probabilidad de que China y Estados Unidos se vean arrastrados involuntariamente
a un conflicto militar evitable. Al no exponer con claridad los posibles
o supuestos límites que Taiwán no debe traspasar, la ley
se presta a que haya cálculos o interpretaciones erróneos.
Pese a las varias semanas de intensas presiones por parte de Estados Unidos
para que se suavizara —o incluso se retirara— la propuesta de
ley, los dirigentes de China se limitaron prácticamente a reforzar
su posición de que las medidas “no pacíficas”
(es decir, militares) serían estrictamente un último recurso...
cosa que, de todos modos, ya se daba por sentada. La reacción del
Gobierno de Bush ha sido inusitadamente categórica, con su llamamiento
para que “Beijing reconsiderara la aprobación de esa ley”...
injerencia, expresada de forma directa, en lo que China considera un asunto
interno.
Las elecciones legislativas de Taiwán celebradas en diciembre de
2004, habían representado una inesperada derrota para Chen y su
gobernante Partido Progresista Democrático (PPD) y se consideró
el fracaso del bando independentista, al no conseguir una mayoría
legislativa, un paso positivo para las relaciones con la China continental.
De hecho, a comienzo de 2005 hubo alguna iniciativa para mejorarlas, como
la inauguración de un programa de vuelos fletados por el nuevo
año lunar, que tuvo un enorme éxito, lo que dio pie para
que se hablara en serio de la posibilidad de establecer enlaces aéreos
directos y permanentes para facilitar las corrientes comerciales bilaterales.
Ahora, después de la aprobación de la Ley Antisecesión,
el plan de vuelos chárter no parece tener un futuro brillante.
Las encuestas de opinión llevadas a cabo en Taiwán reflejan
la consternación pública ante la legislación china,
y ese sentimiento negativo aumentará las presiones sobre el Presidente
Chen, quien recientemente irritó a algunos de sus más ardientes
partidarios independentistas al tender la mano al Partido del Pueblo Primero,
partidario de la unificación. Una encuesta realizada por el China
Times de Taiwán reveló que el 56 por ciento de los entrevistados
se sintió contrariado por la ley antisecesión y el 47 por
ciento dijo que Taiwán debía contraatacar celebrando un
referéndum público sobre ese asunto o promulgando una legislación
propia en contra.
Ahora existe mucha preocupación por que los llamados verdes obscuros
—la facción que adopta una posición más dura
del bando político independentista panverde— aproveche esa
cuestión como un garrote con el que golpear al Presidente Chen.
Como dijo recientemente un legislador del PPD Hsiao Bi-jim, la Ley Antisecesión
“hará que nos resulte muy difícil ser moderados”.
Uno de los elementos más frustrantes de la Ley Antisecesión
es el de que constituye una provocación innecesaria. La inexistencia
de leyes que impusieran el uso de la fuerza para bloquear la actividad
separatista nunca ha impedido a las autoridades chinas perseguir brutalmente
a las personas y los grupos que han pedido la independencia del Tibet
o de Xinjiang. Así, pues, existen pocas razones para creer que
una posición enérgica explícita sea necesaria para
tratar con el gobierno “separatista” de Taipei. Hasta ahora
las pruebas de cohetes, los ejercicios militares del Ejército Popular
de Liberación y la retórica amenazadora han sido factores
disuasivos suficientes.
Los funcionarios de la China continental justifican la ley por la necesidad
de exponer claramente su política y establecer una premisa legal
para invadir la isla. Sin embargo, en la práctica la formulación
de fundamentos jurídicos podría debilitar la flexibilidad
operativa del Gobierno de China a la hora de reaccionar ante una iniciativa
de Taiwán hacia la independencia. La ley de las consecuencias involuntarias
dicta que esa medida encaminada a privar de la ambigüedad a los activistas
de Taiwán podría ser contraproducente y dejar a los dirigentes
de la China continental sin margen de maniobra, en caso de que Taiwán
intentara revisar el estatus quo.
Eso significa que el Gobierno de Hu Jintao podría encontrarse con
las manos atadas e incapacitado para lograr una solución de transacción
en una situación que ya está cargada de matices y complejidad
y no da señales de mejorar con el paso del tiempo. Si bien se sigue
considerando improbable un conflicto militar propiamente dicho, la combinación
de la vaguedad por parte de China sobre los límites intraspasables
y sus amenazas inespecíficas aumentará, sin lugar a dudas,
la probabilidad de errores de cálculo e interpretaciones erróneas.
Copyright: Project Syndicate.
* Analista e investigador especializado en asuntos asiáticos para
el Grupo de Información sobre los Países de Global Insight.
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