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Avalan proyecto que elimina leyes mordaza

Panamá. La iniciativa deroga las polémicas leyes 11 y 67, que datan de 1978, referentes a los medios de comunicación

 

Publicada 18 de marzo 2005 , El Diario de Hoy

Clausura. La Sociedad Interamericana de Prensa celebró su reunión de medio año en esta nación. Foto EDH / AP


El Diario de Hoy

internacionales@elsalvador.com

El Consejo de Gabinete panameño ha aprobado el proyecto de ley para eliminar las “leyes mordaza”, creadas durante el régimen militar (1968-1998) para restringir la libertad de prensa, informó ayer una fuente oficial.

El proyecto fue presentado por el ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán, tres días después de que el presidente panameño, Martín Torrijos, anunciara la derogación de estas leyes.

Torrijos hizo el anuncio en la apertura de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), según una nota de prensa de la presidencia de la república.

Tras la aprobación ayer del proyecto de ley por parte del Consejo de Gabinete (consejo de ministros), corresponde ahora a la Asamblea Nacional derogar las llamadas “leyes mordazas”.

Varias leyes, decretos de gabinete, artículos del Código Judicial y Administrativo figuran entre las disposiciones que se derogarán, agrega la nota.

Entre estas legislaciones destaca la que reglamenta el ejercicio del periodismo, de la que se mantienen vigentes sólo seis artículos en virtud de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales a los restantes.

Asimismo, se derogará un decreto de gabinete aprobado casi un año después del golpe militar del 11 de octubre de 1968, que censuraba a los medios de comunicación.

La Junta Nacional de Censura creada con ese decreto sólo regula ahora al cine y los espectáculos públicos, después de que en 1999 se sustrajese de ella a los medios de comunicación.

También se derogarán artículos del Código Judicial que establecen multas o arrestos por delitos de prensa, así como otros del Código Administrativo con penas correccionales (multas o privativas de libertad) que pueden imponer el presidente de la República, gobernadores y alcaldes por desobediencia o falta de respeto.

También establece que aquel que se sienta ofendido o infundadamente aludido por algún medio tendrá derecho a que se publiquen o trasmitan en dicho medio las aclaraciones o réplicas que estime necesarias en 24 horas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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