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José Luis Henríquez
El
Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com
Los micro y pequeños empresarios
pueden sentirse más tranquilos cuando soliciten un crédito,
ya que el fisco tomará en cuenta su petición, para que la
banca no pida balances y estados financieros para cualquier clase de préstamos.
De ese modo, los emprendedores acordaron con el fisco que únicamente
se presentará documentación de ingresos, costos y gastos,
una vez al año, y sólo en financiamientos superiores a los
$40,000.
La medida también aplica para las Instituciones Financieras No
Bancarias (IFNB), ONG, cooperativas de ahorro y crédito y toda
asosición que otorgue préstamos.
Los únicos que la ley excluye de tal requisito son los asalariados
y las empresas que presentan dictamen fiscal (porque en esos documentos
presentan sus estados de resultados).
Pago
a cuenta de IVA con tarjetas
- Los empresarios sostenían que el anticipo a cuenta de IVA
cuando se den operaciones con tarjetas de crédito o débito
incrementaban el costo de uso de dichos plásticos.
- Además indicaban que el procedimiento tributario establece
el cobro de impuestos sobre impuestos en los casos del Fovial y Fosalud.
- La solución es corregir los aspectos operativos para evitar
doble tributación en los pagos con tarjetas, tanto en el Fosalud,
Fovial y en el pago de seguros.
- Los emisores o administradores de tarjeta deben informar sobre transacciones
gravadas con IVA. |
Según los informes de la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP), la disposición inicial era improcedente
por contradecir lo establecido en el artículo 28 del Código
Tributario sobre la reserva de información.
Tanto los banqueros como la pequeña empresa habían solicitado,
en enero pasado, que se cambiara el requisito de exigir estados financieros
a quienes quisieran contratar un crédito, porque la medida constituía
un sesgo discriminatorio que reducía la posibilidad de hacer negocios
bancarios y de asignar recursos.
La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), en un documento
que circuló en el sector, señalaba, que la medida tomada
inicialmente empujaría a los usuarios de crédito a contratar
deuda con agiotistas, lo cual elevaría los costos y reduciría
las posibilidades de estimular la actividad económica.
Además los diversos prestamistas se rompían la cabeza, pues
no sabían cómo hacer que un comerciante del sector informal,
que no declara porque sus ingresos no llegan al límite establecido
y por ende no lleva contabilidad formal, presentara balances financieros.
En medio de la discusión, ANEP planteó que si ese requisito
quedaba como fue redactado, el 95% de los clientes del Banco de Fomento
Agropecuario (BFA) no tendrían acceso al crédito para el
año agrícola 2005/2006, a raíz de que no declaran
renta ni presentan balances dada su condición de agricultores.
Umbral
Ante tales dificultades, los empresarios de la Asociación de Medianos
y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES) pidieron poner
un umbral para que sólo de ese monto para arriba se pidieran los
estados financieros, mientras que Abansa fue más allá y
solicitó un umbral de $50,000.
Al final, el Ministerio de Hacienda acordó con los privados que
dicho umbral será de $40,000.
Por otra parte, con respecto a la disposición que ordenaba que
por cada compra se pidiera el DUI y el NIT, los emprendedores no estaban
satisfechos porque era una medida impráctica para compras de cuantías
pequeñas además de engorrosa.
La reforma incentiva las actividades informales porque no dan factura,
revela un documento de la cúpula empresarial.
La solución negociada con el gobierno permite que las compras menores
de $200 no estén obligadas a cumplir con esta normativa.
Asimismo, se estableció que cuando se pida la solvencia fiscal
se haga para créditos mayores de $15,000 y para solicitudes de
tarjetas de crédito por arriba de $3,500.
Obstáculo
Los empresarios decían que como estaba redactada
la norma inicialmente, o sea cuando no se ponían umbrales, era
una barrera para accesar al crédito así como para obtener
sobregiros, reestructuración de préstamos, capital de trabajo,
solicitudes para cancelar impuestos, tarjetas de crédito y para
el mercado inmobiliario.
Siempre dentro de este requerimiento, la Asociacion de la EmpresaPrivada
indica que el establecimiento de una base de datos on line, enunciada
por el Ejecutivo, no arregla el problema del acceso al crédito,
pues en las transacciones que requieren notario, la ley exige que este
relacione haber tenido a la vista los documentos.
En ese sentido, se pide que la aplicación de esta normativa arranque
cuando el Ministerio de Hacienda tenga la base de datos con acceso en
tiempo real, con la cual aseguraque entregará la solvencia lo más
rápido posible.
Además ANEP pedía que se incluyera que el atestado pudiera
ser electrónico, y que se incorpore el requerimiento de constancia
de no contribuyente.
Sin ese umbral había problemas porque
se les complicaba a las pequeñas y medianas empresas tener acceso
al crédito
Federico Colorado
Presidente de ANEP

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