Pablo Balcáceres
El Diario de Hoy
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La nueva Ley de Protección al Consumidor tendrá los dientes necesarios para morder a sus incumplidores.

La normativa -que ya está finalizada y sólo atraviesa por una revisión técnica- establecerá un régimen sancionatorio estructurado, el cual impedirá que sea más rentable infringirla que ponerla en práctica.

“Nunca una multa va a ser menor que el daño ocasionado en la nueva ley. Si usted hizo un cobro indebido y ganó 10 mil dólares, tendrá que pagar eso más los recargos correspondientes”, afirmó ayer la comisionada presidencial para la creación de la Defensoría del Consumidor, Evelyn Jacir de Lovo.

La disposición contempla multas que podrán llegar a cifras millonarias. En contraste, la actual sólo permite un techo de 100 mil colones (11 mil 428 dólares).

La legislación significa además un salto cualitativo con respecto a la ley vigente, que establece los castigos privilegiando la reincidencia de la violación sobre el tipo de falta.
Tanto así, explicó de Lovo, que si una empresa era denunciada por primera vez, sólo estaba expuesta a una amonestación.

Arbitraje

Más allá de incrementar los castigos, la comisionada consideró que la ley será aplicada con una filosofía de darle la razón a quien la tiene, por medio de un sistema de arbitraje justo.

“Esta no es una ley reformada. Es una nueva ley que desplazará a la vigente, la cual ha ayudado a que se vaya desarrollando un mercado competitivo, pero ha cumplido su ciclo de vida. Ahora daremos un salto cualitativo”, manifestó.

“Hay una voluntad política importante para hacer que los mercados funcionen para beneficio de los consumidores. Nos apoyará la promoción de la Ley de Libre Competencia, de la cual será hermana gemela”, añadió.

Entre los efectos inmediatos de la ley, destacará la desaparición de la Dirección de Protección al Consumidor (DPC), adscrita al Ministerio de Economía, para dar paso a la autónoma Defensoría del Consumidor.

Alrededor de dicha entidad girará todo un Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que reunirá a más de una decena de entidades públicas prestadoras de servicios, entre superintendencias, autónomas y ministerios.

También se le conferirá a la Defensoría la potestad de arbitrar conflictos entre el consumidor y el proveedor.

“Actualmente, la DPC sólo efectúa conciliaciones, sirve de mediador entre ambas partes. La Defensoría podrá hacer arbitrajes, emitir resoluciones siguiendo procesos cronometrados y determinados”, adelantó.

Novedades

Labor. La legislación desarrollará un mercado competitivo. Foto EDH

Se privilegiará, no obstante, el resarcimiento de los daños. “Muchas veces los consumidores no quieren que se multe a la empresa, sino simplemente que le cambien o le devuelvan el dinero por un televisor arruinado”, ilustró la funcionaria.

Las sanciones se aplicarán en la medida de lo posible a los “casos colectivos”. La institución podrá iniciar procesos de oficio.

La tipificación de las faltas será en tres niveles: leves, graves y muy graves. Estas últimas serán las que dañan la salud o atentan contra la seguridad del consumidor.

“Podemos encontrar un producto vencido y levantar un acta para que se retire inmediatamente de la venta al público”, ejemplificó.

Otro cambio se dará en el control de los contratos de adhesión. El consumidor nunca podrá renunciar a sus derechos. Los documentos deberán ser transparentes y no podrán modificarlos sin consentimiento del cliente.

Defensoría marchará a todo vapor en 2006

La comisionada para la Defensoría del Consumidor, Evelyn de Lovo, confía en que la normativa llegará a la Asamblea Legislativa este mes.

La Secretaría Técnica de la Presidencia se encuentra, en esta fase del proceso, analizando jurídicamente el contenido de la misma.

En el Congreso bastará la mayoría simple para darle el visto bueno, es decir 43 votos.

“Desde el momento en que sea aprobada, la ley entrará en vigencia y existirá la Defensoría del Consumidor. Pero todo este año será un período de transición en el cual se terminará de estructurar la institución”, declaró.

En camino

De Lovo permanecerá como presidenta para liderar el proceso. En 2006, el presidente de la República designará al titular.

La Defensoría ya comenzó a capacitar al personal en las técnicas de resolución de conflictos y otros temas.

El patrimonio de la Dirección de Protección al Consumidor desaparecerá y será absorbido por la autónoma recién creada.