Gobierno rechaza fallo y pedirá revisión legal

Como un atentado a la seguridad pública fue calificada ayer por el Gobierno la resolución judicial que manda sacar del Centro de Máxima Seguridad a doce líderes pandilleros para devolverlos al penal de Quezaltepeque.

Publicada 8 de marzo 2005 , El Diario de Hoy

Rechazo. Izquierda a derecha, Pedro González, Rodrigo Ávila y Jaime Vigil. Foto EDH/ Oscar Payes

“Contra la seguridad” “La jueza dice actuar en virtud de los derechos y necesidades de los reos, pero está atentando contra la seguridad pública al interior y exterior de penales”

“Sicariato y disturbios” “Hemos comprobado que al interior de los penales dominados por mareros, hay personas vinculadas con el sicariato, o porque han encabezado los desórdenes” RODRIGO ÁVILA / Viceministro de Seguridad Ciudadana

W. Salamanca/ Eduardo López
El Diario de Hoy
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El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, dijo que el fallo genera riesgos porque se ha comprobado que desde las cárceles dominadas por los mareros, se promueve el sicariato y los disturbios.

Ávila confió en que la decisión legal sea revertida por una instancia superior.
“¿Estamos con la ciudadanía honrada o con los delincuentes?”, cuestionó.

Visitas a presidios

Mientras el director de la Academia de Seguridad Pública, Jaime Vigil, adelantó que el Ministerio Público podría apelar la decisión judicial en las 24 horas siguientes a la notificación.

“Se harán los análisis jurídicos correspondientes y se valorará si es conveniente acatar la disposición de la jueza, o apelar”, afirmó el comisionado Vigil.

Por otra parte, aunque el Gobierno insiste en que las recientes protestas de los reclusos no le han doblado el brazo para desistir del nuevo sistema de visitas en el presidios del país, ayer confirmó que ampliará a seis horas los encuentros semanales para cada interno, excepto para los de Mariona y Zacatecoluca.

El director de Centros Penales, Ástor Escalante, aseguró que la disposición aplicará desde la próxima semana sólo en los presidios donde los reos han aceptado el nuevo sistema de visitas.

Juan Antonio Batres. Foto EDH

Salen pandilleros por silencio de testigo

Mauricio Medrano Cerritos y Benjamín Cornejo Sánchez, ambos miembros de la Mara 18 y acusados del homicidio agravado, fueron absueltos anoche por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

Según la Fiscalía, la liberación de los procesados se produjo, porque el principal testigo se negó a declarar luego de que los jueces decidieran quitarle el régimen de protección y exigieron que se careara con los acusados.

Los pandilleros fueron procesados por la violación y asesinato de Norma Elizabeth Flores Vásquez, de 17 años, y Karla Eugenia Chavarría, de 26 años, ocurrido en febrero de 2004, en Soyapango.

Los jueces argumentaron que violarían los derechos de los reos si permitían que el testigo declarara enmascarado, porque debían saber quién los acusaba.

La Fiscalía se quejó de que no es la primera vez que el tribunal hace eso.
Un tercer acusado por el crimen, Juan Antonio Batres, fue sentenciado a 30 años de cárcel.
Éste no tuvo escapatoria, ya que había pruebas de ADN en su contra.
Según la Fiscalía, se comparó esperma encontrado en el cuerpo de una de las víctimas con el del acusado y el resultado fue incriminatorio.
Un cuarto acusado está todavía en proceso.