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El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
La Asamblea aprobó un decreto que establece fortísimas
penas para quienes asesinen custodios y personal penitenciario, como respuesta
a los execrables hechos cometidos en las últimas semanas. Un custodio
fue asesinado para impedir que fuera testigo contra un delincuente a quien
se acusa de introducir droga en el penal de Quezaltepeque.
Asesinan a custodios en parte porque es fácil asesinar a testigos.
Que se endurezcan las penas por matar a custodios es muy importante, pero
extraña que no se castigue con toda severidad a aquellos que asesinan
a testigos para derrumbar casos en su contra. La regla debe ser que cuando
un acusado se beneficia del asesinato de un testigo, la ley debe considerarlo
como el autor intelectual de ese crimen.
Hay que proteger a los custodios pero en el mismo orden se debe proteger
a los testigos. Lo lamentable es que los planes de protección a
los testigos no tienen mayor sentido: ponerles un policía por unos
días, e inclusive cambiarles la identidad. No se considera que
tendrían que protegerse los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad, los amigos cercanos, los negocios que tengan, sus casas,
etcétera. Los testigos directos son amenazados, pero también
los familiares de las víctimas para que no se muestren como ofendidos.
Los criminales se aprovechan de los vacíos, las incongruencias
y los absurdos de las leyes penales, de la complicidad de ciertos jueces
con las maras, de las “loquencias” relacionadas con los “derechos
humanos”, de las posturas de la izquierda política y del miedo
que son capaces de generar en la población. El miedo enmudece a
testigos y doblega a jueces y hasta a fiscales.
Malas señales para el delincuente
Se viene señalando que es críticamente importante dar pleno
efecto probatorio a la entrevista del fiscal al testigo frente a un juez.
Si este último es asesinado, el tribunal mantiene la deposición
y con ello la prueba de la culpabilidad. De la misma importancia es que
el tribunal tendrá a mano las evidencias de que el testigo fue
muerto para silenciarlo. Con ello podrá doblar la pena al reo e
inclusive enviarlo a la cárcel de máxima seguridad, a “Zacatraz”.
La severidad de las penas es la mejor protección a la vida de los
testigos, no la serie de ingenuas medidas que ahora se analizan.
Pero además de dar validez probatoria a la entrevista del fiscal,
es importante darle todo el peso a la prueba científica en los
juicios, sobre todo considerando los grandes avances que se han logrado
en establecer la culpabilidad de un reo sobre evidencias circunstanciales.
El ADN es fundamental en esto, por lo que la obtención de muestras
biológicas, cabellos, semen y sangre deben poderla ordenar los
tribunales, no dejarlo a voluntad del acusado por el contrasentido que
significa. Negarse a estas pruebas más bien debe ser un agravante
y una evidencia contra un acusado.
Un alto porcentaje de los horrores que sufre el país es consecuencia
del alto nivel de impunidad de que gozan los delincuentes, a lo que se
suman las señales negativas que envían jueces, políticos
y grupos “defensores de los derechos humanos”. Los mareros se
sienten protegidos cuando los liberan en las puertas de un tribunal; otros
criminales usan “menores infractores” para perpetrar asesinatos
sabiendo que no los condenarán a largas penas.
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