Dudan de la investigación

¿Convicto inocente? Aceptaron examen de adn como prueba, cuando ya lo habían condenado.

Publicada 7 de marzo 2005 , El Diario de Hoy

Confianza en prueba. Isidoro Torres y Leandra Carranza esperan que la prueba de adn baste para que su pariente, José Carranza, recobre su libertad. Foto EDH

Jorge Beltrán
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Isidoro Torres es quien se ha esmerado en probar que su cuñado, José Carranza, es inocente.

Igual que la madre del convicto, pese a su poca escolaridad, dice que la Fiscalía con sólo el testimonio de la menor, hundió a su pariente en la cárcel. Cree que debieron ser más diligentes.

Sostienen que las condiciones en que vivía la menor no favorecía que ocurrieran los abusos, ya que ella dormía con la abuela en una habitación independiente del lugar donde descansaba Carranza.

Pero la menor relató a la Fiscalía que durante las noches, su padre invadía su cama, la amarraba de manos y la amordazaba, mientras cometía la violación.

Durante el acto la amenazaba con “verguearla” si lo delataba.

El sábado anterior, la menor N.C. dijo a El Diario de Hoy que las violaciones ocurrieron en la habitación donde dormía su padre. Sin embargo, Isidoro y Leandra dicen que ahí siempre pernoctaban más parientes en dos camas más.

N.C., quien ahora vive con su madre, asegura que la vejación sucedió una noche que todos se fueron a una fiesta y se quedó sola con su progenitor.

Isidoro cree a ciegas que su cuñado no es el responsable de la violación y menos de la paternidad de la criatura de pelo claro y mejillas carnosas, de quien los vecinos dicen que sufre los cuidados inexpertos de una madre con cara y actos de niña.

También dice que los esfuerzos han rendido sus frutos. Luego de presentar cinco escritos, logró que le realizaran las pruebas de Adn.

Los familiares resienten además que la defensora pública que asistió a José, no se haya esmerado en demostrar la inocencia de él, y se limitara a pedir opiniones del caso a los familiares más cercanos del ahora sentenciado.

Ambos se han afanado en probar que el convicto es inocente. Para ellos la prueba que la defensa esgrimirá el próximo viernes deja en entredicho la supuesta investigación fiscal, a la que le bastó “lo que la niña decía”.

Casi lo matan en Mariona

Además de haber perdido la “honra” en el cantón, como dicen los parientes que creen ciegamente que es una persona inocente, José Carranza estuvo a punto de que lo mataran aquel 18 de agosto de 2004, cuando 31 internos de Mariona fueron asesinados durante una revuelta.

Ese día, José lavaba un pantalón sin la menor sospecha de lo que se cernía en la prisión. Fue otro interno quien le advirtió que el “desvergue” iba a comenzar pronto y que se esfumara.

Inmediatamente, él tomó el pantalón a medio lavar y buscó el recinto donde habita.

Sin embargo no alcanzó a llegar. El relajo ya había comenzado, pero logró meterse en el recinto dos. Luego le contaron que los que perpetraron la masacre preguntaba dónde estaba “el tío”, como lo conocen en el penal.

Resentimientos

Antes de caer preso, José Carranza trabajaba como ayudante en un camión recolector de basura de la alcaldía de Tonacatepeque y, según Leandra, la madre de él, ya sabía el “chambre” en que lo andaban.

Se intentó hablar con el condenado, pero el permiso de ingresar a Mariona fue negado, debido a la tensión que hasta ayer se vivía en esa cárcel.

No obstante, la madre de José dice que éste ya no toma como hija a N.C., tras las penurias que lo ha hecho vivir.

Leandra también resiente que su hijo esté preso por “chambres”, porque era él único que le entregaba 50 dólares, cuando le pagaban.

Un caso extremadamente opuesto

El 16 de octubre de 2003, Blenda Noemí B. G, de seis años, fue violada y lesionada gravemente en la cabeza, por lo que permaneció hospitalizada durante seis meses.

Días después, la policía capturó a Carlos Cardona y a Tito Recinos, acusados de cometer el ultraje.

Cuando Blenda se recuperó, reconoció a ambos sujetos como sus agresores en una rueda de personas.

Sin embargo, en julio de 2004, durante el juicio contra los imputados, un juzgado de sentencia de Ahuachapán ordenó poner en libertad a Cardona y a Recinos. Dictaminaron que no había pruebas suficientes de demostraran la culpabilidad de los reos.

Para agravar la desgracia de Blenda y su familia, los jueces encararon a la víctima con sus agresores.

Esa actitud judicial fue criticada por los Estados Unidos en su informe anual sobre derechos humanos.