Mayoría de los presidios ha vuelto a la normalidad

Persiste. Mariona y Gotera son los únicos donde sigue la huelga de hambre y el rechazo de los internos a recibir visitas. La policía vigila los alrededores

Publicada 5 de marzo 2005 , El Diario de Hoy

En audiencia. La jueza Astrid Torres (de saco negro) habla con los mareros de la MS en el presidio de máxima seguridad. Foto EDH

Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Los internos del penal de Mariona y más de la mitad de los de Gotera son los únicos que hasta ayer mantenían la huelga de hambre, se resistían a ingresar a sus celdas y no aceptaban recibir a los suyos, para protestar por el nuevo sistema de visitas en las cárceles.

El inspector general de Centros Penales, Gilber Cáceres, aseguró que de los más de 2,700 reclusos de Mariona, solamente los ancianos estaban ingeriendo los alimentos provistos por una firma privada.

En el caso de Gotera, el funcionario explicó que sólo el 40 por ciento de internos había aceptado el cambio de régimen para los visitantes que obliga el fichaje de éstos y la reducción de los encuentros a cuatro horas a la semana para cada preso.

Mientras, la población reclusa de la penitenciaría de Santa Ana desistió de la protesta, después de la requisa efectuada la tarde anterior.

Resultados

Las autoridades informarán hasta hoy sobre los resultados del procedimiento ordinario establecido por la Ley Penitenciaria.

Cáceres agregó que la normalidad también retornó desde el jueves en los penales de San Vicente, Cojutepeque y Chalatenango. En este último, sesenta internos “se pusieron algunos hilos en la boca”, para rechazar la disposición.

Al diálogo promovido por las autoridades penitenciarias, lo atribuyó el convencimiento a los internos sobre los beneficios del cambio de sistema para los visitantes que pretenden ordenar y controlar los presidios.

Cáceres mencionó que para este fin de semana, las visitas se desarrollarán de acuerdo a los nuevos horarios estipulados en cada Centro.

Después de una semana de huelga de hambre en varias penitenciarías, el Gobierno calcula que el monto de los alimentos no ingeridos supera los 82 mil dólares.
El Inspector General asegura que dicha comida fue donada a hospitales, entidades de beneficiencia y algunos visitantes.
Agregó, que dispositivos policiales rodean los presidios que mantienen crisis.

Pandilleros piden ser trasladados

Doce mareros de la MS recluidos en el Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca pidieron ayer a la jueza de Vigilancia Penitenciaria de la Libertad, Astrid Torres, que ordene su regreso al penal de Quezaltepeque.

La petición se hizo en una audiencia especial que que se lleva acabo en la cárcel de Zacatecoluca.

Los reclusos presentaron a la jueza sus diplomas para hacer constar que son reos que están en una etapa de rehabilitación.
Las autoridades penitenciarias los trasladaron en febrero anterior, por considerarlos de alta peligrosidad.

David Acosta, abogado de la Dirección de Centros Penales, explicó que a los pandilleros se les realizó un examen sicológico en el cual se determinó que eran peligrosos.
Por su parte, el defensor Miguel Ángel Calero indicó que el traslado se ha realizado de una forma ilícita, porque no había orden judicial.

Sin embargo, Centros Penales ha informado que fue autorizado por el Consejo Criminológico, como lo manda la ley.

La audiencia continuará el próximo lunes, a las 9:00 de la mañana, en el penal de Zacatecoluca.

Corte analiza quejas

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, anunció ayer que una comisión estudiará quejas que han formulado varios jueces de Vigilancia Penitenciaria contra la Dirección de Centros Penales.

El funcionario dijo lo anterior después de la entrega oficial de la certificación ISO 9001:2000 que una firma mexicana otorgó al máximo tribunal.

“Estamos procesando las quejas, porque en algunos de los casos hay intromisiones en las competencias”, afirmó.

Aseveró que al tener sustento de las anomalías harán las observaciones que corresponden al Ministerio de Gobernación, del que depende la Dirección de Centros Penales.
Al parecer, los profesionales se quejan de que les obstruyen el ingreso a los recintos penitenciarios y que entran otras personas que no son jueces.

Asimismo, el magistrado Eduardo Tenorio dio un espaldarazo, a título personal, a los aplicadores de la justicia.

“En principio, nosotros tenemos que apoyar a nuestros jueces, y ellos lo saben”, acotó.
Sostuvo que velarán por la integridad de las funciones de los profesionales, siempre que estén dentro de la ley.
Centros Penales ha dicho que varios cambios en los presidios han sido legales.