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Una fotografía tomada poco despues de su captura
evidencia cómo cambió apariencia.Foto
EDH / AP
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Agencias
El Diario de Hoy
internacionales@elsalvador.com
La
policía venezolana anunció ayer la captura del prófugo
opositor venezolano Carlos Ortega, uno de los promotores de un paro contra
el Presidente Hugo Chávez en diciembre del 2002, mientras jugaba
bingo en un casino de Caracas.
El director de la policía científica, Marcos Chávez,
dijo que al momento de la detención el lunes por la noche, el otrora
líder sindical que estuvo asilado por meses en Costa Rica portaba
una licencia de conducir, un certificado médico y una cédula
de identidad con el nombre Manuel Mendoza Herrera.
El ministro del Interior, Jesse Chacón, dijo posteriormente a la
prensa que Ortega se había teñido el cabello y que según
las investigaciones entró clandestinamente en Venezuela procedente
de las Islas Bahamas.
Sobre Ortega, quien estuvo asilado en Costa Rica entre marzo de 2003 y
agosto del 2004, pesa una medida privativa de libertad por los delitos
de rebelión civil, traición a la patria, instigación
a delinquir, agavillamiento (conspiración) y devastación,
recordó Chávez.
Ortega, de la opositora Confederación de los Trabajadores de Venezuela,
y Carlos Fernández, ex presidente de la asociación empresarial
Fedecámaras, son buscados por la justicia venezolana por su participación
en un paro cívico lanzado por la oposición contra
Chávez entre diciembre del 2002 y febrero del 2003. Fernández
sigue prófugo.
Ellos encabezaron la protesta que demandaba la renuncia de Chávez,
un militar retirado y acusado por sus opositores de ser un dictador en
ciernes que pretende implantar un gobierno comunista como el de Castro
en Cuba.
Solicitud
- El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela,
Manuel Covas, informó que se había comunicado con el vicepresidente
de la República, José Vicente Rangel, para solicitarle que
se garantice la integridad de Ortega.
- Se ha solicitado al gobierno nacional el respeto a la vida de Carlos Ortega
y la garantía de que serán respetado sus derechos constitucionales,
dijo el dirigente.
- Manuel Covas destacó, además, que se debe garantizar el
debido proceso en el caso.

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