 |
| Por sistema de visita. Familiares de reos acudieron
ayer a la Procuraduría de Derechos Humanos para rechazar el
cambio. Foto EDH |
Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
La presencia de una diputada del FMLN en la protesta del domingo en el
penal de San Vicente y el supuesto ofrecimiento de ayuda del partido de
izquierda, revelado por un recluso de la Mara 18, han bastado para que
el Gobierno lo responsabilice de los disturbios recientes en las penitenciarías.
Desde ahora hacemos responsable al FMLN de cualquier incremento
de violencia o desórdenes dentro de los centros penales. Demuestra
que el FMLN es la mano que jala los hilos de muchos de los desórdenes,
y nos preocupa, dijo ayer el ministro de Gobernación, René
Figueroa.
El funcionario se respaldó en un reporte de la dirección
del penal vicentino para denunciar que la parlamentaria Blanca Flor Bonilla
se unió a la protesta que realizaban parientes de los internos
y usó un megáfono para exigir que saliera el director del
reclusorio.
Además, presentó un video en el que el pandillero Marco
Antonio Landaverde, trasladado hace dos semanas al Centro de Máxima
Seguridad en Zacatecoluca, lanza improperios contra el Presidente Antonio
Saca, atribuye los cambios en los penales a los próximos comicios
y confiesa que el Frente les ofrece apoyo.
Figueroa también restó importancia a una supuesta nota de
advertencia para asesinarle, enviada a los medios informativos y responsabilizada
por la Mara 18. Agregó que no le amedrenta la amenaza y que ordenó
investigar el caso.
Demanda
Por su parte, la diputada Bonilla adelantó que próximamente
acudirá a la Fiscalía General para denunciar a Figueroa
por atribuirle responsabilidad en los disturbios, de los cuales dijo no
haber participado.
Argumentó que un grupo de familiares afectados llegó a la
sede departamental de su partido, a solicitarle que comprobara que les
habían privado del derecho de visitar a los suyos.
Yo ya no estaba cuando ocurrieron los desórdenes. Ya basta
de tanta mentira, por eso, pondré la denuncia ante la Fiscalía.
¿Porqué nos quieren pasar a nosotros la factura de las acciones
que ellos toman (el Gobierno)?, dijo la funcionaria.
Los internos de San Vicente están en huelga de hambre desde hace
5 días.
Grupo solicita ayuda jurídica
Familiares de reclusos de la penitenciaría La Esperanza, más
conocido como Mariona, llegaron ayer a la Procuraduría de Derechos
Humanos para denunciar al director de Centros Penales, Ástor Escalante,
por reducir el horario de visitas.
El grupo de 30 mujeres no acepta que sólo les permitan ver a su
parientes dos horas en la prisión situada al norte de la capital.
Venimos de muy lejos y no es justo que nos den poco tiempo,
aseguró una familiar que no quiso identificarse y que dijo viajar
desde Guatemala a visitar a su esposo y a su padre.
Luego de solicitar audiencia, sólo se permitió el ingreso
de un reducido grupo.
Unos minutos después, una representante explicó a los demás
que tenían que acudir a la Jueza de Vigilancia Penitenciaria, para
que sea ella la que se pronuncie por esta situación.
Nos dijeron que estamos tomando la vía equivocada y que cada
una debe poner una queja ante la jueza, explicó la vocera.
A su vez, la representante aconsejó al grupo que cubrieran sus
rostros cuando participaran en alguna protesta, para que las autoridades
no tomen represalias y les nieguen el ingreso posteriormente a los centros
penales.

|