Aval a extradición
Ordenan el arresto de jefes de la OBC

El fallo. Una jueza encontró evidencias de la probable participación del presidente y de la gerente de la corredora de bolsa OBC en los delitos de lavado de dinero y de defraudación a la economía pública

Publicada 26 de febrero 2005 , El Diario de Hoy

Al finalizar la audiencia inicial, los inversionistas denunciantes hicieron fila para firmar el acta en presencia del secretario del Juzgado 7o. de Paz.Foto EDH/ Gustavo Rico

Caída de firma La investigación de la Fiscalía abarca desde que se constituyó la firma hace 14 años.

20-diciembre-1991 Dos personas particulares se unieron para constituir a la corredora de bolsa Operaciones Bursátiles de Centroamérica S.A. de C.V. (OBC)

Junio-2004 La Superintendencia de Valores ordena la clausura de la OBC luego que detectara que captaba fondos del público en forma ilegal.

25-febrero-2005 El Juzgado 7o. de Paz ordena que dos directivos de la corredora sean procesados por dos delitos. Se ordena su captura preventiva.

Jaime García
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Un tribunal dio luz verde ayer para que las autoridades tramiten la extradición del presidente de la corredora de bolsa OBC, Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, quien reside en Miami, Estados Unidos.

El Juzgado 7o. de Paz ordenó proceso penal y la captura de Villatoro y de la gerente general de la firma, Sonia Margarita Soriano Guadrón de Torres, por lavado de dinero y activos y defraudación a la economía pública.

“Se libra la orden de captura en contra de los imputados aclarando que debe hacerse efectiva nacional e internacionalmente”, dijo la jueza Alba Gladys de Benavides al emitir su fallo por la tarde.

Para la funcionaria, existen indicios de la probable participación de ambos procesados en el lavado de dinero y en la defraudación a la economía pública.

Ambos procesados son acusados por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF) de defraudar 8,255,434.97de dólares a 101 inversionistas de OBC (Operaciones Bursátiles de Centroamérica).

Aunque Guadrón de Torres no se presentó a la audiencia, el tribunal le prohibió salir del país.

Además de la obligación de devolver el dinero, los imputados se exponen eventualmente a un pago adicional por daños y perjuicios, advirtió la autoridad.

La jueza de Benavides resaltó que ordenaba la detención preventiva debido a que la pena de los delitos atribuidos a los imputados sobrepasa los tres años de prisión, es decir, no son excarcelables.

“Existen la posibilidad de que los acusados evadan la justicia y que influyan en el curso de la investigación”, resaltó la juzgadora.

El fiscal Nelson Mena y Rossana Rodríguez, afectada.Foto EDH/ Gustavo Rico

OBC fue constituida el 20 de diciembre de 1991 y el 5 de junio de 2000 fue traspasada a Villatoro. En junio de 2004 fue clausurada después que la Superintendencia de Valores la acusara de varias anomalías.

Razonamientos

La Jueza Alba de Benavides detalló que las conductas de los acusados encajan en el delito de defraudación a la economía pública, porque captaron ilegalmente fondos del público y afectaron el orden socioeconómico.

Asimismo razonó que hicieron transferencias cablegráficas de dinero de los ahorrantes para ser invertidos en el extranjero cuando no estaban autorizados para hacerlo.

Con respecto al lavado de dinero y activos, la juzgadora concluyó que los imputados transfirieron bienes a Estados Unidos y que lo hicieron en forma subsidiaria.

La funcionaria recalcó que los fondos fueron trasladados al extranjero por la gerente cuando Villatoro ya estaba en los Estados Unidos.

“En el marco de una economía globalizada se debe de proteger a la sociedad, ya que no sólo afecta a la corredora involucrada sino a las demás instituciones financieras”, consideró la jueza.

Rossana Rodríguez, representante de los denunciantes, celebró la decisión del tribunal.
Indicó que con ello tenían esperanzas de recuperar el dinero perdido.

Fiscalía investiga más implicados en fraude

El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Nelson Mena, informó que dependiendo de los resultados de la auditoría integral en los documentos de la OBC podrían procesar a nuevos imputados.

Explicó que la dirección y administración de la corredora estaban a cargo de Julio Villatoro y de Sonia de Torres, por lo que han sido acusados como autores de los delitos de lavado de dinero y activos y defraudación a la economía pública.

El acta. Acusadores y defensores firmaron el acta del fallo emitido ayer por el tribunal.Foto EDH/ Gustavo Rico

“Desde finales de noviembre se realiza la auditoría integral de los registros contables de la OBC para determinar si existió participación y algún grado de responsabilidad por parte de otros funcionarios o empleados de esta corredora. Se sabrá por la auditoría”, recalcó.

Añadió que la auditoría abarca todas las administraciones anteriores a las de Villatoro.

Mena aclaró que en las cuentas de la gerente general de OBC, Sonia Margarita Soriano Guadrón de Torres encontraron que ella movilizó 170 mil dólares en cuentas bancarias que no fueron registradas en la contabilidad de la corredora.

El fiscal dijo que investigan si el dinero de los inversionistas está depositado en otros países a parte de Estados Unidos.

El defensor de Villatoro, Gerardo Hernández, manifestó que la extradición de su cliente no procedería ya que ostenta la ciudadanía estadounidense y ese país lo prohíbe con sus conciudadanos.
La Policía Internacional (INTERPOL) tiene la orden de detenerlo.