Comentando
Venezuela, injusticia revolucionaria

En Venezuela, si como abogado defiendes una causa, eres acusado de difamación y te anticipan la sentencia prohibiéndote la salida del país, aunque sea una causa privada y no aplique esa pena

Ismael Pérez Vigil *
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Caracas. (AIPE).- El sistema judicial de un país es el basamento de su credibilidad, de su armonía y de su paz. El caso emblemático del desorden judicial en Venezuela es el del abogado Tulio Álvarez, a quien recientemente le fue dictada sentencia provisional, condenándolo a más de dos años de cárcel.

Tulio Álvarez era el abogado de unos trabajadores jubilados que reclaman sus derechos en contra del ex presidente de la Asamblea Nacional William Lara, militante del MVR, uno de los partidos que apoya al Presidente Hugo Chávez. El diputado Lara acusó a Tulio Álvarez de difamación por revelar a la prensa un informe de la Contraloría de la Asamblea, donde constaban las irregularidades cometidas.

Álvarez fue también el abogado que en el año 2000 inició un juicio penal por el financiamiento ilícito de la campaña electoral del Presidente Chávez y el MVR por parte del banco BBVA, confirmadas por el juez español Baltasar Garzón y luego admitidas por el banco. Más recientemente, fue el abogado que en nombre de la Coordinadora Democrática de oposición condujo las investigaciones sobre los resultados del referendo presidencial del 15 de agosto de 2004 y que acusó al Consejo Nacional Electoral de haber cometido fraude en ese proceso y al Gobierno de alterar el Registro Electoral, inscribiendo a miles de personas sin cumplir los requisitos legales para votar.

Lo de Álvarez no es extraño. En materia de justicia, desde que Venezuela transita la vía revolucionaria, no hay nada que no hayamos visto. El Gobierno recién electo ejerció presión hasta conseguir que los magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia renunciaran. Luego la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin tener mandato para ello, designó a los miembros del máximo tribunal.

Después, la denominada Comisión Legislativa o Congresillo, designada por la ANC, nombró a los poderes públicos: el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Contralor, el Poder Electoral y los integrantes del “nuevo” Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y el mismo TSJ, ante el recurso de nulidad intentado por la Defensora del Pueblo contra el nombramiento del Poder Electoral por el Congresillo, al margen de lo establecido en la Constitución recién promulgada, justificó la validez del nombramiento y, sin que se le pidiera opinión, aseguró que los requisitos constitucionales para elegir los Poderes Públicos debían cumplirse, excepto en su propio caso, sobre el cual decidió que eran válidos “otros criterios” distintos a los que establece la Constitución.

A partir de allí, nada tiene de raro que el TSJ haya aceptado que la Asamblea Nacional (AN), electa en el año 2000, podía modificar la Ley Orgánica del Tribunal con mayoría simple, en vez de hacerlo con mayoría calificada, como dice la Constitución; que haya aceptado que algunos de los nuevos magistrados fuesen miembros de la Asamblea, en representación de algunos partidos políticos, y que los magistrados, comenzando por el propio presidente del Tribunal, afirmen que le van a ser fieles al “proceso” antes que a la justicia y al Estado de Derecho. Ésa es la clase de “justicia revolucionaria” que hoy tenemos.

Por supuesto que se cubren todas las apariencias: hay un Tribunal Supremo, electo por la AN. Pero ese órgano está dominado por el Poder Ejecutivo y la oposición ni siquiera participa en las deliberaciones.

El Tribunal es el que nombra y remueve los jueces; más del 80% de ellos es de carácter provisional, al no haber concurso para escogerlos y algunos ni siquiera cumplen los requisitos establecidos en las leyes. Basta un requisito: estar con el “proceso revolucionario”. De esta manera, el Gobierno se garantiza una fidelidad absoluta a la hora de castigar la disidencia, y no hace falta que persiga directamente a sus enemigos, sino que utiliza para ello el sistema que ha creado y que domina sin ningún cuestionamiento.

El caso Álvarez muestra cómo intimidan a los abogados que asumen causas en contra del Gobierno o sus funcionarios y que osen criticar al régimen. Así intimidan a la disidencia política y vulneran el derecho a la defensa. Esto se conoce como los “débiles jurídicos” y es considerado internacionalmente como grave violación de los derechos humanos.

En Venezuela, si como abogado defiendes una causa, eres acusado de difamación y te anticipan la sentencia prohibiéndote la salida del país, aunque sea una causa privada y no aplique esa pena; si utilizas a tu cliente como testigo, lo meten preso en el mismo momento de la declaración; si promueves otros testigos, no los dejan declarar y emiten sentencia antes de que todos tus testigos acudan; no se te permite promover pruebas y si las presentas, no las admiten; si recusas al juez, no se da por enterado o él mismo decide sobre la recusación, etc.

Mientras tanto, parlamentarios europeos y norteamericanos nos visitan, se reúnen con personeros del Gobierno, quienes les muestran los logros de la revolución bonita, y se despiden con declaraciones deplorando las críticas de la oposición.

*Politólogo venezolano. © www.aipenet.com