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Julia Regina de Cardenal
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com
Este lunes comienza la Cumbre Mundial sobre la Mujer Beijing +10 en
la ONU. Según informes y experiencias anteriores en estas reuniones,
se promoverán asuntos muy buenos para impulsar el respeto a los
derechos de la mujer. Desgraciadamente también se pedirá
a las naciones del mundo que acepten conceptos y terminología ambigua
y peligrosa que puede atentar contra nuestras leyes.
Estamos poniendo nuestras esperanzas en la delegación oficial que
enviará el Gobierno para que no se quede callada cuando haya la
necesidad de hablar, y ponga reservas cuando amerite defender nuestra
soberanía, ya que el Presidente Saca, elegido por la mayoría
del pueblo salvadoreño, por sus altos valores morales y familiares,
recogidos por la Constitución que él respeta, pide proteger
en todos los tratados.
Existen grandes presiones de grupos poderosos que desinforman y pretenden
que nuestros delegados no hagan uso de su derecho soberano a renovar sistemáticamente
las reservas en todos los documentos internacionales, ampliando y mejorándolas
cuando lo amerite para garantizar una protección al país.
Las reservas o declaraciones interpretativas fueron creadas como un derecho,
para que cada país pueda expresar y aclarar conceptos o terminología
que puede ser interpretada de diversas formas, pudiendo atentar contra
su ordenamiento jurídico.
El Salvador no debe ni puede contribuir, sino, más bien, desalentar
la creación de una costumbre internacional contraria a los valores
humanísticos que recoge la Constitución y que el Presidente
Saca personifica, tales como planteamientos favorables al aborto, el desorden
sexual, la disminución o eliminación de la patria potestad
o autoridad parental que se estarán negociando en esta conferencia.
Nuestra posición debe ser clara en que cuando en cualquier parte
de este documento se habla de compromisos o actuaciones de gobierno, se
entiende que las conferencias de la ONU no son jurídicamente vinculantes,
que consisten en recomendaciones y que su implementación es responsabilidad
del Estado soberano de El Salvador, Art. 83 Cn.
El Salvador reconoce en su Constitución el derecho a la vida desde
el instante de la concepción, Art. 1 Cn., y hasta su terminación
natural, por lo cual, el aborto provocado, la interrupción del
embarazo o ninguna sustancia o método abortivo bajo ningún
concepto podrán ser considerados como un medio de planificación
familiar, regulación de la fecundidad, contracepción, derecho
reproductivo, maternidad sin riesgo, salud sexual o reproductiva, tal
como quedó precisado desde la CIPD en El Cairo. Toda norma jurídica
que regula esta materia es asunto exclusivo de la soberanía de
la nación de El Salvador.
El Salvador no puede aceptar la “diversidad de familias”, puesto
que reconoce que el fundamento legal de la familia es el matrimonio entre
un varón y una mujer, y descansa en la igualdad jurídica
de los cónyuges, Arts. 32 y 33 Cn.
En el aspecto de aceptar “servicios confidenciales o privados de
salud sexual y reproductiva para adolescentes”, como se pretende,
El Salvador reconoce que los padres tienen el derecho preferente a escoger
la educación de sus hijos, Art. 55 Cn.
El Salvador reconoce la igualdad de dignidad de toda persona humana y
la igualdad de derechos entre sexos protegidos en nuestra Constitución:
Arts. 1 y 3 Cn. Por lo que debe dejar una definición clara para
el término “género” en “su sentido ordinario
generalmente aceptado”, tal como lo reconoció la IV Conferencia
Mundial de la Mujer en Beijing y aparece en el Anexo IV del Informe de
la Conferencia.
El género es la identidad biológica sexual de mujeres y
hombres. Entendemos que existen solamente dos géneros: el género
femenino, que pertenece al sexo de la mujer, y el género masculino,
al sexo del varón.
Desde este entendimiento desarrollamos la perspectiva de los géneros.
Además, debido a que el término “derecho sexual”
no ha sido definido en las conferencias, foros e instrumentos vinculantes
de Naciones Unidas, debe ser reservado.
Confiamos en que el Gobierno salvadoreño reforzará las normas
institucionales claras y transparentes con respecto a las cuestiones que
atentan contra nuestra legislación y derechos fundamentales, como
el derecho a la vida, la definición de familia, el derecho de los
padres como primeros educadores y el de la libertad de pensamiento, conciencia
y religión.
*Columnista de El Diario de Hoy.
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