Deportados
Los mareros llegan sin control

Por criminales. El Gobierno salvadoreño demanda de Estados Unidos que le especifique las características de los expulsados. Por ahora, no se cuenta con antecedentes ni registros de seguridad de los delincuentes

Publicada 22 de febrero 2005 , El Diario de Hoy

Cumbre antipandillas. Funcionarios norteamericanos están en el país para conocer el fenómeno de las maras.Fotos EDH / AP

Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

En un esfuerzo por cercar más a las maras, El Salvador pedirá ayuda hoy a Estados Unidos para ejercer un efectivo control sobre los miles de pandilleros deportados.

Según las autoridades, al mes llegan 240 expulsados por la vía aérea y unos dos mil por tierra. De éstos, el 10 por ciento tiene antecedentes penales aunque no se sabe cuántos son mareros.

La solicitud será expuesta por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, a las diversas autoridades de Estados Unidos que participan en San Salvador en la primera Cumbre Regional sobre el Combate a las Pandillas, inaugurada ayer.

“Necesitamos intercambiar más información con Estados Unidos, para que una persona no sólo ingrese con el sello de deportado, sino, que si tiene un récord criminal o es investigado por un proceso judicial, tengamos a la vista esa información”, sostuvo Ávila.

La iniciativa salvadoreña pretende que cuando una agencia local de la policía estadounidense capture a un connacional, traslade la información necesaria al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para establecer su nivel de peligrosidad o involucramiento con las pandillas.

“Necesitamos que la información sea más detallada: por qué han sido deportados, si les han conmutado la pena o si los han detenidos por delitos. Esto nos permitirá una base de datos más amplia”, dice.

El registro actual sobre los deportados posee dificultades. La única información recopilada por las autoridades son los datos someros que muestra “una hoja sellada” que presentan en ausencia del pasaporte o las entrevistas que les realizan.

El Gobierno pretende evitar el ingreso de “personas peligrosas o involucradas con tráfico de droga, homicidios y otros delitos violentos, que representen una amenaza real a la seguridad pública del país”, acota Ávila.

En el caso de los mareros, Ávila afirma que cuando los regresan se reintegran a las pandillas o cometen hechos delictivos al llegar.

La propuesta será discutida hoy en la conferencia antimaras que reúne a importantes funcionarios norteamericanos como el director del DHS, Michael García Deputy, miembros del FBI, policías estatales, Inmigración, Aduanas y Drogas.

Durante la apertura del encuentro, que concluirá el jueves, el Presidente Antonio Saca dijo: “Las pandillas es un tema de seguridad nacional, incluso para los Estados Unidos, es un tema en el que no podemos descartar que estos muchachos estén relacionados al terrorismo, al crimen organizado, no podemos descartarlo. Por lo tanto, este es un tema social, muy delicado que hay que enfrentarlo en sus diferentes facetas”.

Mientras, el ministro de Gobernación, René Figueroa, agregó “que últimamente las maras se han relacionado particularmente al tráfico de drogas y sicariato”.

A estos señalamiento se une Nelson Arriaga, jefe de la agencia antipandillas del sur de California, quien reconoce que las maras Salvatrucha y 18 son las que mayor problema le generan a su jurisdicción.

Pero, en el plano local, el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Pedro González, plantea otro escenario. Asegura que las maras están en crisis, ya que los líderes se están quedando solos.

Menciona que algunos mareros se han integrado a planes de rehabilitación, otros han emigrado, están presos o los han matado.

“Por eso, las pandillas se están matando. Cuando hay más muertos, es cuando la guerra está por finalizar”, advirtió el oficial.

Estrategia. El Presidente Antonio Saca tiene un plan.Fotos EDH

Presentarán ley para los testigos en abril

El Presidente de la República, Antonio Saca, adelantó ayer que el proyecto de la ley de protección de testigos estaría llegando a la Asamblea Legislativa, para su aprobación, a finales de marzo o principios de abril.

De acuerdo con Saca, esta normativa le daría a la policía “más facilidades para capturar delincuentes y hacerles más difícil la vida”.

El jefe de Estado adelantó que en la legislación se incluiría una medida para darle “valor probatorio” a las declaraciones de los testigos.

Además, agregó que se castigaría a los parientes que se prestan para que los detenidos manipulen a las autoridades.

“Estamos hablando de ponerle sanciones. Me refiero al tema de los reos, la aplicación, por ejemplo, de una sanción para los familiares que se presten a quedarse voluntariamente de rehenes en los penales, lo cual es verdaderamente peligroso”, aseguró el gobernante.

El jefe de Estado dijo también que con la implementación del número telefónico 122, se ha logrado incrementar la denuncia ciudadana.

Saca aseguró que continuará trabajando para reducir la tasa de asesinatos.
“Al toro bravo, por los cuernos, y hay que entrarle, y estamos trabajando. Éste es un tema que, poco a poco, nos va a dar resultados”, manifestó el mandatario.

El Presidente reveló que hay un plan para “sacar a los delincuentes en las horas focalizadas... para reducir indiscutiblemente los homicidios”.

El mandatario no descartó la posibilidad de inyectar más fondos al plan de combate de los homicidios.

“Si en el camino vamos a necesitar de más recursos, lo iremos viendo, dependiendo de la posibilidad financiera del Estado”, expresó.

Indagación por asesinato
Seis investigadores y dos fiscales que forman la Sección de Investigación de Homicidios en Soyapango han retomado las averiguaciones sobre el homicidio del subdirector del penal de Quezaltepeque, Óscar Eduardo Sermeño. El subdirector de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, Douglas García Funes, confirmó ayer que es el primer caso investigado como parte del plan piloto antihomicidio ejecutado por la PNC y Fiscalía General. Agregó que todo apunta a que los responsables son dos sujetos de la Mara Salvatrucha que, en complicidad con los pandilleros locales, vigilaron a la víctima. Mencionó que han establecido los retratos hablados de éstos, y que ya cuentan con tres testigos.

Niega separación
- El director general de la Policía Nacional Civil, Ricardo Menesses, descartó ayer que haya renunciado al cargo.
- “Hasta la fecha, ni me ha pedido el cargo el Presidente (Antonio Saca), ni lo he puesto a disposición”, afirmó el funcionario.
- Atribuyó la gestación del rumor a “personas que intentan dañar el trabajo del Presidente”.
- Dijo que cuenta con la venia del mandatario y del ministro de Gobernación, René Figueroa.