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CSJ rechaza petición de buseros por concesiones

Resolución. El máximo tribunal dio la razón al Viceministerio de Transporte. Ahora tendrán que sumarse al nuevo sistema si quieren seguir operando


Publicada 17 de febrero 2005 , El Diario de Hoy

Autorizados. El fallo no inhibe de brindar el servicio, pero deben cumplir las exigencias legales para ser concesionarios.Fotos EDH

Katlen Urquilla
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com


Al menos nueve transportistas más y una sociedad perdieron un juicio contra el Viceministerio de Transporte (VMT) por la concesión de líneas.

En 2002, los buseros impugnaron ante la Sala de lo Constitucional la obligación de firmar un nuevo contrato con el Estado, que implicaba la renovación del servicio colectivo.

En este sentido, los demandantes consideraron que les habían violado sus derechos a la seguridad jurídica, a la propiedad y al trabajo, así como la irretroactividad de las leyes, porque les aplicaron una nueva normativa cuando ellos, alegaban, tenían permisos emitidos con anterioridad.

No obstante, la Corte concluyó que fueron sólo titulares de autorizaciones o permisos con un plazo específico, pero no de concesiones formales.

“No puede entenderse que una decisión que se limita a autorizar la prestación de un servicio pueda equipararse con una real concesión...”, afirmó la Sala.

René Mauricio Ortiz Chávez, empresario de la ruta 56, argumentó en el proceso que fue convocado a sumarse al nuevo sistema de transporte a través de anuncios en los periódicos.

Aseguró que se vio obligado a firmar un contrato para integrarse al nuevo sistema, porque de lo contrario el Viceministerio pondría a concurso sus líneas de transporte. Para él, esta actuación de la autoridad fue “arbitraria” y le excluyó del sistema.

De igual manera, los empresario José Ricarte Pineda, José Salomón Carballo, Juan Alberto Saldaña, José Roberto Torres y René Gilberto Alvarado Córdova, la sociedad El Espino y otros, perdieron su propósito de ganar la demanda.

Al menos 1 mil 500 buseros pidieron amparo al máximo tribunal, pero la mayoría ha sido resuelta en similares términos.

El Viceministerio justificó que los permisos de operación con que contaban los buseros vencieron, y a partir de marzo de 2002, era necesario firmar nuevos contratos.
Según la entidad, para entonces “ya no existían los derechos adquiridos” por los empresarios ni se produjeron violaciones al Reglamento General del Transporte Terrestre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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