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| Culpabilidad. El farabundista Salvador Arias
reclamó mayores controles financieros.Foto
EDH |
Francisco Mejía
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
La comisión especial de diputados que investiga la defraudación
en la Operadora Bursátil de Centroamérica S.A. (OBC) acordó
ayer presentar ante el pleno, a más tardar en dos semanas, un primer
informe parcial del avance de las investigaciones en el caso.
En el documento, los legisladores dejarán entrever la posibilidad
de que el Estado se responsabilice económicamente ante el grupo
de afectados. Consideran que la Superintendencia de Valores no realizó
una supervisión eficaz de las transacciones que OBC llevó
a cabo en la bolsa.
En algún momento, el Estado tendrá que ver a quién
le quita para reintegrarlo. Hay un problema en la supervisión de
la bolsa, indicó Salvador Arias, del FMLN.
Tal moción es apoyada, además del Frente, por el PCN y CDU.
La alternativa devolvió la esperanza al grupo de aquejados para
poder recuperar el dinero que entregaron a la corredora para que lo invirtiera.
La comisión recomendará a la Superintendencia de Valores
y a las personas que resultaron defraudadas se reúnan para llegar
a un acuerdo para distribuirse los $654,000, que ya han sido identificados
por las autoridades.
El fraude, según los afectados, asciende los ocho millones de dólares.
Varios interesados en el tema, que acuden a las reuniones de los legisladores,
explicaron que no están de acuerdo en aceptar el dinero hasta que
la Fiscalía General de la República (FGR) haya determinado
el listado de aquejados con sus respectivos montos de inversión.
El objetivo es comparar esa información con la de la Superintendencia.
En el informe, los parlamentarios recomiendan agilizar el proceso de detención
de las autoridades de OBC, quienes han sido acusados responsables directos
de la defraudación.
Para la primera semana de marzo, la comisión parlamentaria llamará
al representante de la Policía Internacional en el país,
al director de la PNC, Ricardo Menesses, y al Fiscal General, Belisario
Artiga, para agilizar el mecanismo de capturas de los responsables.
Asimismo, sugerirán al Consejo de la Contaduría Pública
que investigue si los auditores externos de la firma Deloitte, que practicaron
el examen a los registros contables de corredora de bolsa, actuaron con
profesionalismo y apegados a las leyes de la República.
La Fuga del dinero
- El 19 de julio de 2004, la Fiscalía General de la República
intervino los registros de OBC y ordenó su cancelación.
- El 24 de septiembre de 2004, la Fiscalía se llevó toda la
información contable de OBC y clausuró el local donde funcionaba.
- El 5 de enero de 2005, la Fiscalía prometió el primer informe
de las investigaciones, pero a la fecha, de acuerdo con los afectados, no
ha sido dado a conocer.
- El 21 de febrero de 2005, los afectados e Interpol se reunirán
para agilizar el proceso de detención de los supuestos culpables.

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