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| Desórdenes. Custodios esperan en el hospital
Rosales, donde atendieron a un reo herido. Foto
EDH / Lissette Monterrosa |
Salomón
Ayala
El Diario de Hoy
elpais@elsalvador.com
En el Centro de Readaptación y
Cumplimiento de Penas de Chalatenango, donde se encuentran recluidos varios
miembros de la Mara 18, tuvo lugar un amotinamiento el domingo, desde
la 1:30 de la tarde. Los reos protestaban por el traslado de Carlos Ernesto
Mojica Lechuga, (a) Viejo Lin, al Penal de Máxima Seguridad en
Zacatecoluca.
En la revuelta penitenciaria resultó herido de bala en el abdomen
Kevin Alexander Sandoval, de 23 años; mientras que Mauricio Arnoldo
Peña, de 22, recibió dos impactos, uno en la zona derecha
del tórax y otro en la muñeca derecha.
Los disparos fueron de los vigilantes penitenciarios, que respondieron
ante el intento de los presos de tomar como rehén a un custodio
que servía los alimentos. A la hora del problema había 73
visitantes en las instalaciones.
En la tarde llegaron al lugar miembros del Destacamento Militar número
uno de Chalatenango y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC),
para brindar seguridad en los alrededores.
También miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) llegaron
a las instalaciones ante una amenaza de fuga, pero sólo se quedaron
expectantes en las cercanías.
Las visitas se encontraban aún en las instalaciones a la hora de
cierre de esta nota, y los representantes de la Procuraduría de
los Derechos Humanos no habían llegado al Centro de Readaptación.
En otro hecho, los miembros de la Mara 18 que se encuentran detenidos
en el Centro de Readaptación y Cumplimiento de Penas de Cojutepeque
también protagonizaron un amotinamiento en protesta por el traslado
del Viejo Lin y otros miembros de la pandilla.
Dentro de las instalaciones se encuentran 272 mujeres, junto a 44 hombres
y 76 menores de edad, que, según afirmó un vocero de la
mara, están en el lugar como un gesto de solidaridad. Los pandilleros
exigen hablar con Ástor Escalante, director general de Centros
Penales; Beatrice de Carrillo, procuradora de los Derechos Humanos, y
monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador,
para tratar sus peticiones.

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