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Dorothy
J. Solinger*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com
La última cifra anualizada sobre protestas obreras que el Estado
chino accedió a anunciar públicamente fue de 100,000 para
el año 1999. Sin embargo, un informe interno del Ministerio de
Seguridad Pública en 2001 reveló que las cifras “empezaron
a incrementarse como vientos violentos” desde 1997, el año
del decimoquinto Congreso del Partido Comunista, el cual presionó
para despedir obreros en aras de la “eficiencia”.
Pese a que el Gobierno está decidido a mantener las noticias de
los disturbios fuera del alcance de la prensa —o al menos disimular
su tamaño y virulencia—, ha sido posible recolectar información
sobre casi 200 eventos individuales entre 1994 y 2004, de los miles que
no fueron denunciados, pero que en realidad sucedieron. Algunos de estos
informes provienen de agencias de noticias en Hong Kong, unos cuantos
vienen de publicaciones chinas, y otros, de la prensa occidental.
Estos informes muestran un gran aumento del mismo patrón invariable:
el Gobierno, ya sea en Beijing o en las localidades, por lo general tolera
las marchas de bajo impacto, de pequeña escala, que sean relativamente
no destructivas, y los plantones de campesinos y obreros con peticiones
o carteles. Es especialmente indulgente si los manifestantes parecen espontáneos,
desorganizados, aislados y sin líderes.
La élite política es menos tolerante ante disturbios que
parezcan haber sido organizados por disidentes, que estén marcados
por algún grado de violencia, que den muestras de un nivel de organización,
que amenacen con extenderse o que ocasionen la obstrucción de las
líneas de transporte principales.
¿Qué es lo que está causando tanto descontento en
un país del que se dice que a diario se vuelve más rico
y que da tanta importancia a la “estabilidad”? Las causas son:
salarios y pensiones no pagados; despidos repentinos y masivos; la corrupción
de las autoridades como responsable de la bancarrota de algunas empresas
industriales, y el fin de la mayoría de los privilegios y beneficios
garantizados desde los primeros días del régimen comunista
en los cincuenta.
Al mismo tiempo que muchos chinos se están enriqueciendo, la pérdida
de empleos ha creado el empobrecimiento de aproximadamente la octava parte
de los residentes registrados de muchas de las ciudades más importantes.
Con el fin de deshacer lo que los líderes post Mao Zedong vieron
como los excesos y desperdicios de la economía socialista planeada,
más o menos sesenta millones de empleados de empresas estatales
han sido despedidos desde principios de los noventa, debido a que las
fábricas fracasaron, por falta de tecnología y equipo de
punta, mala administración o malversación de fondos, cuentas
muy elevadas por concepto de seguridad social y competencia de plantas
no estatales más modernas o menos costosas, tanto en China como
en el extranjero. Sin tener canales reales para exponer sus quejas, masas
de trabajadores despedidos y gente obligada al retiro (o xiagang, con
pensiones parciales) han estado confrontando, cada vez más, a las
autoridades durante la última década.
¿Acaso a este Gobierno que se dice del “pueblo” no le
importa que tanta de su población urbana se esté hundiendo
en la pobreza y se encuentre a disgusto? ¿Y por qué este
régimen obsesionado con la estabilidad permite tanta inestabilidad?
La casi constante invocación del Partido Comunista sobre los peligros
de la “inestabilidad social” y sus incansables esfuerzos por
permanecer en el poder, lo han obligado a confrontar la realidad de estos
arranques y sus causas con herramientas limitadas. Al mismo tiempo, estos
levantamientos suceden como una humillación amarga para el Partido
Comunista, el cual, se supone, representa los intereses más altos
del proletariado.
Algunas de las respuestas del partido han sido fríamente coercitivas,
aunque también se han hecho esfuerzos compensatorios que han ocupado
mucha de la energía del sector laboral, la seguridad social y las
burocracias de asuntos civiles, que se han visto obligadas a gastar considerable
sumas de dinero para calmar las protestas. Un esfuerzo serio fue el “Programa
de Reempleo” (el cual opera en todo el país desde 1998), el
cual tenía la ambiciosa meta de lograr de alguna forma una solución
para los trabajadores estatales despedidos. El proyecto tendría
que asumir el papel de cuidador dando estipendios, seguro médico
y pensiones para los trabajadores y buscarles, al mismo tiempo, un nuevo
empleo o condiciones preferentes para ayudarles a iniciar sus propias
pequeñas empresas.
Con todo, en los últimos años, el número de protestas
urbanas en China ha crecido dramáticamente y, de acuerdo con informes
de la policía, son cada vez más grandes y mejor organizadas.
Hasta ahora, el régimen ha logrado mantener la estabilidad general
a través del control de los medios (evitando así que un
movimiento de protesta se entere de que hay otros y se una a ellos); comprando
trabajadores desempleados molestos con remuneraciones temporales, y reprimiendo
y encarcelando a los que no puede disuadir.
Pero éstas son medidas temporales y, al verlas en conjunto con
las olas de protestas campesinas provocadas por los impuestos arbitrarios,
la corrupción de las autoridades y la confiscación injustificada
de tierras, los líderes del partido se enfrentan a una situación
muy preocupante. Lo que ahora afronta el partido es una amenaza política
que no proviene ya de estudiantes e intelectuales como la de 1989, sino
de trabajadores y campesinos, paradójicamente, la misma clase desposeída
sobre la cual Mao construyó su revolución y en cuyo nombre
el Partido Comunista Chino ha gobernado de manera unilateral durante tanto
tiempo.
Copyright: Project Syndicate.
*Profesora de Ciencias Políticas y Codirectora del Centro de Estudios
Asiáticos de la Universidad de California.
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