 |
| En el supremo órgano de justicia aseveraron
que están aplicando la normativa y que no habrá marcha
atrás .Ilustración EDH |
Katlen Urquilla
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
La Corte Suprema de Justicia aprobó el jueves en la noche la imposición
de multas de cien hasta cinco mil colones a 51 diputados propietarios
y suplentes y a otros 107 funcionarios de diverso rango. La razón:
no rindieron las cuentas de su patrimonio personal cuando asumieron sus
cargos entre 1997 y 2003.
La decisión, tomada por los 15 magistrados que forman la Corte
Plena, afecta a ministros, alcaldes, concejales, síndicos municipales
y hasta a magistrados del máximo tribunal de justicia. La mayoría
aún ostenta los mismos u otros puestos públicos.
El máximo tribunal no quiso revelar los nombres de los sancionados.
El magistrado de la Sala de lo Civil, Ulices del Dios Guzmán, confirmó
a El Diario de Hoy que se examinaron los casos para ordenar las multas
que aplicarán a los funcionarios y empleados públicos que
oscilan entre $11.43 a $571.43 por infringir la ley contra el enriquecimiento
ilícito.
Explicó que los funcionarios no detallaron el patrimonio que poseían
antes y después de asumir los cargos o mintieron al hacerlo.
Según la legislación, los que asuman cargos públicos
tienen un plazo de 60 días para hacer su declaración ante
la Sección de Probidad de la Corte Suprema.
Se delegó al Presidente de la Asamblea (Ciro Cruz Zepeda)
para que notifique la imposición de las multas de los diputados,
explicó el magistrado.
Guzmán citó dos casos: un diputado que asumió el
cargo en mayo del 2000 y se le venció el plazo para declarar el
patrimonio en julio de 2000; sin embargo, no lo hizo hasta en septiembre
del mismo año. Otro parlamentario terminó sus funciones
el 30 de junio de 2000 y hasta la fecha no ha presentado el informe. La
mayoría lo ha hecho tardíamente y los demás simplemente
no lo hicieron, afirmó.
Los demás
Los otros 107 funcionarios que serán sancionados son 19 alcaldes,
40 concejales, 20 síndicos, tres magistrados de la Corte Suprema,
entre éstos dos propietarios y uno suplente; dos ministros e igual
número de viceministros.
Otros ocho diputados, de los que asumieron sus cargos tras la última
elección, también están en la lista.
Los
demás son presidentes de instituciones autónomas y directores
de entidades estatales.
Pero, además, la ley les brinda un plazo prudencial después
de la primera multa para hacer el trámite.
De lo contrario los legisladores y demás funcionarios serán
acreedores de una multa más alta que oscila desde los 500 a diez
mil colones ($571.43 a $1,114.29).
También hay una infracción especial que les aplican cuando
falsifican información en el documento.
Esta oscila entre tres mil a diez mil colones ($342.86 a $1,114.29).
Si no cumple (la segunda advertencia) se les cesa de sus cargos,
excepto los elegidos popularmente como los diputados, pero en el caso
de los ministros o presidentes de instituciones autónomas sí
aplica, afirmó.
Guzmán enfatizó en que la Corte no busca que la alaben,
sino aplicar la ley y cubrir la deficiencia arrastrada por muchos años.
Es un mensaje y no hay marcha atrás, concluyó.
Diputados apoyan sanciones
La los legisladores de diferentes fracciones no les alarmó la
decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de sancionar a los
funcionarios que no han presentado su respectiva declaración patrimonial.
Les sorprendió que 222 burócratas no hayan cumplido con
la legislación. Entre los morosos están 51 parlamentarios.
De acuerdo con el jefe de la bancada tricolor, Rolando Alvarenga, hasta
donde tiene conocimiento no hay ningún diputado de ARENA que haya
dejado de presentar su declaración patrimonial.
Se les dijo a todos que presentarán la declaración
al inicio de la legislatura, pero ya no insistimos más. Lo dejamos
como responsabilidad de cada uno de ellos, dijo el parlamentario.
El legislador se mostró sorprendido por la cantidad de personas
que no han entregado el documento. Aunque aseguró que está
de acuerdo con que se aplique la multa correspondiente.
Creo que es importante que se entreguen estos datos. La ley manda
que se haga una comparación de los bienes antes de tomar un cargo
y después, manifestó Alvarenga. El subjefe del CDU,
Jorge Villacorta, también explicó estar de acuerdo con que
se apliquen las multas correspondientes. Él que no cumpla
con la ley debe pagar la multa, afirmó.
A Celina de Monterrosa, subjefa de fracción del FMLN, no le extrañó
la decisión que tomará el máximo tribunal de justicia.
Entiendo que es cuestión de aplicar la ley que establece
el plazo en que se debe hacer la presentación y hacer efectivas
las respectivas multas, indicó.
Orlando Arévalo, diputado del PCN, se mostró satisfecho
con que la Corte aplique la normativa. Conocemos los requisitos
que debemos cumplir, no hay excusa, afirmó.
5 mil colones
Es el máximo que podría pagar un funcionario por no declarar
sus bienes o mentir al hacerlo.
Periodo 1997-2000
Varios legisladores fueron multados por no cumplir la ley. Éstos
fungieron en este lapso. Uno de ellos aún no ha presentado su informe
desde que asumió.
10 mil colones
Es la sanción más alta por no declarar el patrimonio después
de un plazo extra que les da la Corte.
Gestión 2000-2003
En total de los periodos estudiados por el máximo tribunal, fueron
51 diputados los acusados; pero hay otros 107 que están en la mira
y les han abierto expedientes.

|