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Gráfico: EDH
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Katlen Urquilla
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Después de cuatro años, la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
aún no resuelve si es constitucional o no aplicar el artículo
20 del Código Procesal Penal, el cual convierte a imputados de
delitos en testigos si confiesan o revelan información. Este beneficio
se conoce como criterio de oportunidad.
El juicio fue iniciado por Sonia Azucena de la Cruz de León en
la Sala de lo Constitucional de la CSJ el 5 de febrero del 2001.
La demandante considera que la aplicación de ese artículo
genera desigualdad, porque la Fiscalía no siempre aplica
ese beneficio penal. Como este caso hay más en la lista de espera
en la sala de lo Constitucional.
Lo confirman
La magistrada de esa sala, Victoria Marina de Avilés, admitió
sin rodeos que la mora judicial es una carga que pesa sobre el Órgano
(Judicial). Sin embargo, aseveró que se está tratando
de solucionarlo.
De Avilés afirmó a El Diario de Hoy que la Sala de lo Constitucional,
el máximo tribunal en materia legislativa, no está
exenta de esa mora, pero que en los últimos dos años
han tratado de sacar las sentencias de la mayoría de procesos.
No es una mora excesiva, pero no debería existir, reconoció.
La funcionaria reveló que de las 100 a 150 demandas que reciben
al mes (1,200 a 1,800 anuales) en la sala, se resuelve un 70 u 80%.
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La mora es una
carga que pesa
sobre el Órgano
(Judicial), pero se debe solucionar.
Dra. Victoria de Avilés/
Magistrada de la Corte
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Cada vez más se
reciben quejas contra los jueces por
tardanza en las
resoluciones.
Lizette Kury de Mendoza
Presidenta del CNJ
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En 2004 se emitieron fallos en 1,265 casos, es decir, que más
de 500 casos estarían aún pendientes de resolver.
En el último trimestre del año anterior se resolvieron 252
amparos, 58 exhibiciones personales (que determinan si es legal una detención)
y 20 inconstitucionalidades de leyes, según la Dirección
de Planificación Institucional de la CSJ.
La magistrada explica que muchos procesos tardan en dirimirse porque son
complejos.
Estamos trabajando hasta una doble jornada para sacar las resoluciones,
porque es importante terminar con la mora judicial, enfatizó
de Avilés.
A su juicio, hay que dar calidad y no cantidad en los fallos.
Se tiene el firme propósito de sacar el trabajo (las sentencias)
pronto. Es una prioridad para los que trabajamos en la Sala, concluyó
la funcionaria.
En cambio, Ulices del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo
Civil, aseguró que en esta área son muy pocos los casos
que están pendientes de resolver, pero no dio una cifra exacta.
Jueces bajo la lupa del CNJ por los atrasos en procesos
La denuncia más frecuente contra los tribunales que recibe el
Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) es incumplimiento de los plazos
procesales.
Las estadísticas de la institución revelan que el año
pasado registraron 1,605 quejas contra funcionarios judiciales y abogados
aspirantes a ingresar a la carrera judicial.
Aclararon que no todas las denuncias que ingresan son admitidas para su
verificación, sino que hay un proceso de selección de las
inconformidades.
Lizette Kury de Mendoza, presidenta del Consejo, afirmó que las
personas recurren cada vez más a la entidad para quejarse cuando
sus procesos no tienen una pronta respuesta del juzgado.
Afirmó que antes de ponerlos en la lista negra verifican
si el juez ha retardado una resolución o tiene denuncias en otras
entidades.
Si bien el Consejo no puede sancionarlos directamente, toma en cuenta
estos antecedentes cuando un abogado quiere ingresar a la carrera judicial
o conseguir un ascenso.

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