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Sin resolver
Crímenes cuyo presunto autor es un pariente
Deducción. Sin testigos o ayuda de familiares, estos asesinatos corren el riesgo de quedarse en el misterio. La policía dice que no puede hacer más; la Fiscalía los llama “sobre averiguar”
Publicada 6 de febrero 2005 , El Diario de Hoy
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Jorge Beltrán
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Los homicidios en los que el presunto autor está dentro de la
misma familia de la víctima se vuelven una espina en el costado
de los investigadores, sean éstos fiscales o policías. Un
reto que prefieren archivar.
El problema estriba en que en la mayoría de estos casos casi nunca
se cuenta con un testigo presencial o, sencillamente, éstos no
se atreven a “quemar” al asesino.
Las razones del silencio son variadas y van desde las amenazas de muerte
hasta la dependencia económica.
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“Hay
que dejarle las cosas a dios” |
| DespuÉs
de 22 meses... nada En los casos de la familia Mejía Andrés, de la comunidad La Gloria, del barrio San Jacinto, y de la empresaria licorera y su sobrina han transcurrido 22 y 20 meses, respectivamente, y todavía no se ha logrado dar con los responsables. |
Si esto es así, existe una alta probabilidad de que el crimen
quede sin castigo. Simplemente, los expedientes son archivados, en espera
de que un golpe de suerte los haga desempolvarse.
Inexplicable
Esto es lo que ha sucedido en cuatro casos que El Diario de Hoy ha tomado
como ejemplos. En cada uno, la lógica policial, es decir las deducciones
policiales, apunta a que el criminal está entre la familia. Así
lo sostienen los investigadores.
El caso más reciente es el de una menor de 14 años que apareció
degollada en su misma casa de habitación el sábado 20 de
noviembre de 2004, en una colonia de San Bartolo, Ilopango.
La policía cree que el crimen fue perpetrado por algún pariente.
| Investigaciones
estancadas En estos cuatro casos, las autoridades sostienen que los indicios apuntan a que los responsables de los crímenes son parientes de las víctimas; sin embargo, dicen, no hay manera de fundamentar una acusación contra los sospechosos. |
| Ejecutados
por sicarios 23 de abril de 2003 Cuatro sujetos irrumpen en una casa de la Comunidad La Gloria, San Jacinto, y acribillan a Sabas Mejía, 72 años; Evangelina Andrés, 62; Napoleón, 22; Gloria, 25, y Carmen, 18, hijos de los dos primeros. Las dos últimas mujeres no murieron. La PNC achaca ejecución a una banda de sicarios pagada por un pariente. |
| Envenenadas 2 de junio de 2003 La dueña de una destilería salvadoreña y su sobrina son halladas muertas. A cada una le hallaron una dosis de un veneno capaz de matar a tres caballos. La Fiscalía elude decir cómo van las investigaciones. Según la policía, entre la empresaria y el o los asesinos había intereses económicos de por medio. |
| Crueldad
inexplicable 3 de agosto 2004 Mabel Sánchez fue asesinada, violada y sodomizada en el cantón La Palma, San Martín. A cinco meses del crimen, las autoridades no tienen la certeza de quién la mató. |
| Misterioso
Homicidio 20 noviembre 2004 En pleno día y en su vivienda es asesinada Esmeralda Cea, 14 años. La degollaron. Estaba sola en casa; sin embargo, no robaron nada de la vivienda. Científicamente se comprobó que no fue violada. La investigación está casi en su punto de partida. Las entrevistas a familiares y vecinos no han aportado nada concluyente a la investigación. |
| Dos
asesinatos sin razón aparente En los casos de Mabel Sánchez y Esmeralda Cea, las autoridades no hallan la razón de esas muertes. En ambos casos se descarta el robo y las rencillas personales. Parientes y vecinos de ambas víctimas dicen no saber el motivo. |
Sin embargo, los familiares rechazan rotundamente dicha aseveración,
pero aceptan que el homicidio es inexplicable. El día del asesinato
la niña estaba sola; de la casa no desapareció nada y de
forma científica se comprobó que no hubo violación.
La madre de la niña sostiene que la menor, que sufría de
minusvalía física, era muy querida en el seno familiar y
que le prodigaban los cuidados necesarios para su desarrollo.
¿Por enciclopedia?
Otro asesinato en el que los investigadores confiesan haber “topado”
es el de Mabel Sánchez Arias. A la mujer le mataron con saña.
La violaron, la quemaron parcialmente y la sodomizaron con un palo de
escoba. Se dictaminó que fue asfixiada por estrangulamiento.
El hecho sucedió durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de
agosto del 2004 en el cantón La Palma, de San Martín.
De la vivienda sólo desapareció una enciclopedia. A pesar
de que había electrodomésticos valiosos, ninguno fue robado.
Para la policía, el principal sospechoso de este caso es un hombre
que había estado relacionado sentimentalmente con la víctima.
Sin embargo, las entrevistas hechas a las hijas de la pareja no arrojan
indicios de culpabilidad para el hombre.
Según la Fiscalía, la víctima no poseía inmuebles
o dinero, ni era un estorbo para la nueva relación de su ex pareja,
quien el día en que encontró el cadáver aseguró
que “la veía como una hermana”. La víspera, el
ex marido le había pasado dejando unas pupusas para que cenara.
Dinero
El lunes 3 de junio de 2003, Ornella María Rossito Castro, 18
años, y Mercedes Meléndez, de 58, fueron halladas muertas
en su casa de habitación de la Residencial Loma Linda, un complejo
de viviendas con seguridad privada.
Perecieron envenenadas. La policía manejó al inicio la hipótesis
de que era un suicidio o un envenenamiento accidental.
La familia descartó eso, pues la señora tenía estudios
en química, y la joven estaba feliz con su vida, por lo que no
habría aceptado una inducción al suicidio.
Además, en la residencial nadie recuerda haber escuchado gritos
de auxilio. Los teléfonos de línea fija estaban descolgados
y en la casa había varios guantes de látex.
La Fiscalía obvió hablar acerca de la investigación,
aduciendo que se podrían entorpecer las mismas. Mientras que el
comisionado Douglas Omar García Funes, subdirector de Investigaciones
de la policía, aseguró que en el doble homicidio “había
mucho dinero de por medio”.
Según la policía, el responsable de estos homicidios estaría
dentro de la misma familia de las víctimas.
Por un terreno
El miércoles 23 de abril de 2003, alrededor de las 9:00 p.m.,
cinco miembros de la familia Mejía Andrés fueron acribillados.
Tres murieron y dos mujeres sobrevivieron.
Según un investigador, la masacre fue ordenada por un pariente
de las víctimas que disputaba la propiedad de un inmueble.
La policía asegura que los ejecutores fueron los de la banda de
“El Gorila”, un grupo de sicarios que, supuestamente, se mantiene
en los alrededores del Mercado Sagrado Corazón.
Del caso había un testigo que se abstuvo de seguir colaborando
con las autoridades, porque la misma banda de sicarios le amenazó.
Un investigador asegura que, aunque se sabe quiénes son los asesinos,
no tienen cómo incriminarles. El caso está archivado.
Casos son archivados o están “sobre averiguar”
El subdirector de Investigaciones de la policía, Douglas Omar
García Funes, afirma que en los crímenes en los que el sospechoso
es pariente de la víctima, las investigaciones no avanzan, “porque
son muy cerrados”.
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Fiscalía. Elude hablar de casos para no dañar las indagaciones. Foto EDH |
La policía hace lo que le compete y luego manda el caso a la Fiscalía.
El resto depende de lo que la Fiscalía, como ente que dirige las
investigaciones, ordene a la corporación.
García Funes cita por ejemplo el caso de la empresaria licorera.
“Se hicieron entrevistas, y las pruebas que se lograron recopilar
conllevan a una vinculación de familiares, pero no puedo asegurar
nada”, afirma.
Lo nuevo que surja estaría basado en lo que la Fiscalía
ordene.
El jefe policial también se refiere a un caso sucedido en el oriente
de San Salvador. “Los hechos que se dan previo (al homicidio), las
circunstancias y las declaraciones de las hijas conllevan a determinar
que el autor es el esposo, pero no hay pruebas suficientes para que la
Fiscalía pueda sustentar una acusación judicial”, afirma.
Por su parte, una fiscal de homicidios dice que no hay una herramienta
legal de la que se pueda echar mano para determinar si un entrevistado
—en el caso de homicidios— miente o dice la verdad.
La fuente
se refiere a una investigación que realiza la Fiscalía de
Soyapango.
Se ha entrevistado a hijos de la víctima y en las mismas no hay
nada que incrimine al presunto asesino; pero hay indicios que hacen sospechar
del esposo.
La fiscal sostiene que, por ejemplo, no se puede someter a una prueba
de polígrafo para determinar si alguien está tratando de
encubrir al sospechoso o está mintiendo.
Ante un juzgado no es válido ese tipo de pruebas, asegura la funcionaria.
A eso hay que agregar que, en muchas ocasiones, Medicina Legal se tarda
meses en dar el resultado de, por ejemplo, un examen de fluidos encontrados
en la víctima o en la escena del crimen.
Y aunque los resultados se conocieran pronto, haría falta tener
los fluidos del sospechoso para comparar. Si no hay forma de avanzar en
la indagación, éstas simplemente se archivan.
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