Desde Washington
Organización defenderá derechos humanos

Es comprensible que los funcionarios latinoamericanos se hayan inclinado con afecto hacia mecanismo regionales, en parte debido a que permiten una mayor independencia de Washington

Marcela Sánchez*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com

Representantes de 30 naciones latinoamericanas y del Caribe se reunieron en México, la semana pasada, para crear un grupo regional de vigilancia de los derechos humanos en el hemisferio.

Funcionarios mexicanos llaman a la organización “mecanismo informal de cooperación regional” y la alaban por su potencial capacidad de ayudar a gobiernos a cumplir con la ley internacional. Pero por su diseño, el nuevo grupo será probablemente demasiado débil y sus métodos demasiado recatados como para lograr algo distinto a diluir críticas serias y objetivas a violaciones de derechos humanos.

Algunos funcionarios están tratando de vender esta nueva organización, en parte, como un vehículo para debatir las violaciones de derechos humanos en Cuba, sin la acostumbrada y politizada riña entre Washington y La Habana. Pero ese solo hecho debiera despertar suspicacia.

Los latinoamericanos ya debieran saber que el interés de Fidel Castro no es tanto proteger los derechos humanos como escudarse de las críticas. Basta con mirar a la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para saber que líderes inescrupulosos como Castro han erosionado la credibilidad de organizaciones como esa, que tienen años de existencia. Si países miembros como Cuba y China logran su propósito, pronto la Comisión no considerará siquiera resoluciones que condenan a países específicos.

Más allá de Cuba, los medios previstos para cumplir con la agenda del nuevo grupo todavía dejan mucho que desear. En la actualidad las naciones de las Américas usan el llamado mecanismo de evaluación multilateral para valorar avances antidrogas, anticorrupción y en defensa de la mujer.

El mecanismo se basa en cuestionarios que funcionarios responden y que un panel de expertos —nombrado por los países miembros— usa para evaluar el desempeño de los países. Este mecanismo de auto vigilancia se usó por primera vez para rebatir el unilateral y detestable proceso de certificación de drogas de Washington, que negaba ayuda a naciones denunciadas por no cooperar en la lucha contra las drogas.

Las evaluaciones multilaterales, como podrán imaginarse, son parcas en detalles condenatorios y extensas en lenguaje burocrático como: “Debiera ser reconocido que se están haciendo esfuerzos en este aspecto”. Claro está que para los derechos humanos esos informes serían mejor que nada, si nada fuera la alternativa. Pero la región ya cuenta con un sistema fuerte e independiente.

Por más de cuatro décadas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha examinado quejas de violaciones a derechos humanos por agentes de gobierno provenientes de miles de personas, que tienen pocos recursos para acceder a la justicia en sus propios países.

Representantes de minorías indígenas, mujeres pobres, niños de la calle, personas desplazadas exponen sus casos a la Comisión, con sede en Washington, y en algunas instancias llegan hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

No hay duda de que la independencia de la Comisión ha sido la clave para su continua relevancia. Por esa razón su trabajo y sus decisiones a menudo no caen bien entre los que censura. No es secreto que algunos líderes en el hemisferio quieren socavar la autonomía de la Comisión y la dejan coja eligiendo nuevos comisionados más comprensivos con el Estado que con las víctimas.

Para ser sinceros, nada de lo que dijeron o hicieron los funcionarios reunidos la semana pasada en México, podría vincularse directamente con esa lamentable agenda. No están pidiendo ser árbitros de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, como nueva fuente de información sobre el tema y como probables porristas del progreso regional, el nuevo grupo operaría como una máquina propagandística con el único fin de contrarrestar críticas que consideren excesivas o inmerecidas.

Pero no es que la nueva organización regional de derechos humanos vaya a promover la ley “Ningún niño se quede atrás” o los beneficios del matrimonio como tres columnistas estadounidenses lo hicieron bajo contrato de la administración Bush. En cambio, el grupo latinoamericano podría sacar informes que encubran ejecuciones extrajudiciales, brutalidad policial o crímenes de odio.

Es comprensible que los funcionarios latinoamericanos se hayan inclinado con afecto hacia mecanismo regionales, en parte debido a que permiten una mayor independencia de Washington. Eso en sí mismo puede ser un efecto positivo que permite a los gobiernos en la región imponerse y demostrar que independencia no significa lasitud.

Pero cuando los funcionarios se hacen tan afectos de dichos mecanismos que intentan usarlos para contrarrestar toda crítica —o peor, para distorsionar la realidad— en ese momento han ido demasiado lejos. Una cosa es condenar los señalamientos unilaterales. Otra totalmente distinta es intentar minar un sistema multilateral que ha demostrado su eficacia.

*Columnista del Washington Post.