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Visita. Menesses recibió ayer a Manuel Melgar, del FMLN..Foto
EDH / Nelson Dueñas
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Alexandra Bonilla/
Antonio Soriano
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
El Presidente Antonio Saca aseguró ayer que el espíritu
del paquete de reformas a la Ley de Control, Regulación de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos y Similares es perseguir a los delincuentes
que tienen armamento legalizado.
Quiero aclarar que el proyecto del Ejecutivo no se trata de quitarle
las armas al responsable. Se trata de perseguir al irresponsable,
explicó el gobernante, en alusión a las objeciones que han
presentado algunas instituciones y asociaciones.
De acuerdo con Saca, lo que se busca con las enmiendas es hacer difícil
la adquisición de pistolas y similares.
El documento propone una serie de requisitos para los que quieran obtener
una licencia de portación. Una de ellas es elevar de 21 a 25 la
edad para obtener el permiso correspondiente.
El director de la Policía Nacional Civil, Ricardo Meneses, aseguró
que en este punto la corporación acatará la decisión
que los legisladores tomen.
Nosotros cumplimos órdenes. Somos un cuerpo auxiliar del
sistema de Justicia, y si la Asamblea aprueba una ley, es orden para la
policía, explicó Meneses.
El jefe policial reiteró que son los parlamentarios quienes hacen
las leyes; ellos, únicamente propuestas.
Agregó también que el plan debía de ser integral
si se quiere combatir a la delincuencia. Para Meneses, la ciudadanía
debe jugar un papel fundamental.
Creo que tenemos que ver qué es lo que está pasando
como país para que el sistema funcione. Pero el sistema no sólo
es la policía, somos todos. Si queremos realmente arreglar el problema
tenemos que participar todos, aseguró Meneses.
Los diputados todavía no han aprobado las enmiendas al Código
Penal y a la Ley de Armas que envió el Ejecutivo el lunes.
Anoche, lo legisladores no acabaron la discusión de las propuestas
de los distintos partidos sobre este paquete, y optaron por pasar el proyecto
a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio.
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Concentración. El 70% de homicidios de 2004 ocurrió
en cinco departamentos.Foto EDH / René
Estrada
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Más medidas para agilizar procesos
El Gobierno e instituciones del sector justicia analizan la factibilidad
para que la Policía Nacional Civil, (PNC), y Procuraduría
General de la República (PGR) medien en conflictos, reservar la
presentación de testigos en casos judiciales delicados a cambio
del fomento de pruebas científicas y ampliar el régimen
de protección a víctimas y testigos.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, dijo ayer
que estas medidas son evaluadas con la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía
General, Procuraduría y Policía.
En la resolución de conflictos, la Policía y la Procuraduría
pueden contribuir en casos que no constituyen delitos como pleitos por
mercadería, ganado, etc. para no llegar hasta los tribunales,
explica.
Agrega la posibilidad de crear un procedimiento expedito que permita a
la Fiscalía delegar en la Policía el traslado directo a
los jueces de los ilícitos menos graves.
En cuanto a la reserva de procesos, Ávila dice que se facilitaría
que el juez conozca de forma exclusiva algunas pruebas que preliminarmente
no conocerían los defensores.En otros países el testigo
clave se guarda hasta el juicio, pero aquí se le presenta desde
la audiencia inicial, argumenta.
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2760
asesinatos
Es la cifra registrada por la PNC al cierre de 2004. La edad de
las oscilaba entre los 15 y 30 años.
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20%
del territorio
Es donde ocurrió la
mayoría de ejecuciones,
específicamente en cinco departamentos.
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30
casos
Es el promedio de crímenes en El Salvador por
cada 100 mil personas.
En Latinoamérica es de 20.
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