Fiscal sugiere albergues para los testigos

Los financiarían con el dinero decomisado a narcotraficantes

Publicada 2 de febrero 2005 , El Diario de Hoy

Anonimato. Agente escolta a un declarante en tribunal. Foto EDH

Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Retomando la experiencia de Puerto Rico, el Fiscal General de la República, Belisario Artiga, propuso ayer la creación de albergues para los testigos de procesos penales que se podrían financiar con el dinero incautado al narcotráfico o que haya sido obtenido ilegalmente.

“Junto con la policía, hemos estudiado un albergue para testigos. Podrían reformarse las leyes de Lavado de Dinero y lo relacionado con materia de droga, para que los dineros decomisados por esos delitos pudieran utilizarse por la Fiscalía para la protección de los testigos y, en algún momento, evaluar el manejo del albergue”, explicó.

Según la policía, el año anterior fueron asesinadas 25 personas que declararon sobre crímenes, y sólo en enero de 2005 mataron a tres.

Artiga explicó que podrían ser refugios cerrados, donde se logre separar a testigos y “criteriados” (delincuentes que colaboran con la justicia a cambio de reducción de pena).

Agregó que podrían funcionar con un régimen semiabierto, es decir, que los declarantes tengan la facilidad para desplazarse a sus trabajos, y regresar al mismo protegidos por la policía.

También, sugiere casos cerrados, condicionados al riesgo que afrontarían los testigos.
Artiga indica que esta propuesta se la hizo el lunes anterior al ministro de Gobernación, René Figueroa, quien prometió evaluar las posibilidades.

Para reducir los costos de esta iniciativa, el Fiscal recomienda que se aprovechen las viviendas abandonadas que son administradas por el Fondo Social para la Vivienda (FSV).
“Hay colonias abandonadas, que perfectamente podrían rehabilitarse para un proyecto de éstos”, dijo.

Otras propuestas

- El Ministerio de Gobernación ha planteado fortalecer el resguardo de testigos y sus familiares en situación de peligro.
- El Gobierno plantea suministrarles documentación con identidad supuesta o recursos económicos para que residan fuera del país durante el proceso judicial.
- También, que los declarantes se protejan el rostro durante el testimonio oral.