El Diario de Hoy
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Tres de
las principales televisoras del país recibieron una multa millonaria
por no pagar impuestos por la propaganda opositora transmitida gratuitamente
en el paro de diciembre de 2002.
La multa por $7.82 millones la aplicó el Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
El Seniat informó en un comunicado, que difundió ayer la
agencia estatal de noticias, que impuso a Radio Caracas Televisión
(RCTV), Venevisión y Televen, impuestos, multas e intereses moratorios
por la serie de mensajes publicitarios transmitidos de manera gratuita
durante el llamado paro cívico nacional, ocurrido desde diciembre
2002 hasta febrero de 2003.
A RCTV le impusieron impuestos vencidos y multas por unos 3.8 millones
de dólares, a Venevisión por 2.8 millones de dólares)
y Televen por 1.07 millones de dólares.
El gerente regional del Seniat, José Joaquín Cedillo, explicó
que los canales tienen un plazo de 25 días hábiles para
recurrir a las instancias administrativas y jurídicas que consideren
necesarias.
Argumentos
El Seniat abrió el año pasado los procesos administrativos
a los tres canales. Los directivos de las televisoras rechazaron la acción
del Seniat alegando que las publicidades que difundieron de la coalición
opositora de la Coordinadora Democrática lo hicieron de forma gratuita.
Venevisión, RCTV y Televen se sumaron al paro que realizó
la oposición para presionar por la dimisión del gobernante
Hugo Chávez, y suspendieron, durante ese período, la difusión
de propagandas y su programación habitual, y solo trasmitieron
espacios infantiles.
Periodistas denuncian persecución
Dos afamadas periodistas abiertamente detractoras del
mandatario venezolano, Hugo Chávez, admitieron ayer que están
cerca de ser encarceladas por publicar informaciones que, remarcaron,
no pueden tener castigos penitenciarios.
Las afectadas son Patricia Poleo, Premio Internacional de Periodismo Rey
de España 2001 y directora del diario El Nuevo País, e Ibéyise
Pacheco, columnista política en el diario El Nacional, ambos de
Caracas.
Las dos reporteras aseguran que son víctimas de persecución
política por su posición abiertamente antigubernamental.
Poleo es acusada por la Fiscalía General de haber cometido delitos
previstos en la Ley Anticorrupción por publicar documentos reservados,
en tanto que contra Pacheco se confirmará o rectificará
en un plazo de diez días la sentencia de primera instancia que
recientemente la condenó a nueve meses de cárcel por difamación.