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Josee Luis henríquez
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

La cúpula empresarial decidió dar un compás de espera para ver cómo evoluciona el proceso de adaptación de la economía a las reformas tributarias y, dependiendo de su impacto, buscar correctivos a las mismas.

El pasado lunes, en una reunión a la que asistieron los directivos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); el secretario Técnico, Eduardo Zablah, y el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, se llegó a la conclusión de que se daría un mes de plazo para analizar el impacto de las modificaciones de ley.

Posteriormente se efectuará un estudio para determinar los ajustes a la ley, con el fin de evitar perjuicios a los sectores productivos

En la sesión, la ANEP presentó un paquete de observaciones a los representantes del Ejecutivo, quienes se mostraron bastante anuentes a las sugerencias y recomendaciones planteadas por el sector productivo.

Empero, el titular de Hacienda ya manifestó la semana anterior que estudiarán cualquier observación que agilice las reformas, pero aquellos aspectos que busquen afectar la recaudación serán dejados de lado.

Más explicaciones

El presidente de ANEP, Federico Colorado, señaló que muchos de los problemas que se han presentado tienen que ver con la falta de información y con la interpretación de las reformas, las cuales no han sido asimiladas del todo por los empresarios.

“Esperamos que la falta de información no genere aumentos de precios, pues de lo que se trata es que la reforma no produzca ineficiencia, burocracia y conlleve atrasos”, indicó.

El dirigente machacó bastante en que más preocupante que la operatividad de la reforma es que no se pierda de vista que el gran desafío nacional es retomar la dinámica de crecimiento del país.

Asimismo, explicó que algunas observaciones efectuadas tienen que ver con el 1.5% de pago a cuenta que afecta a los empresarios que obtienen márgenes del 2% o similares y que, por tanto, al tributar, les ocasiona problemas en el flujo de caja.

También se busca mayor claridad en aspectos vinculados a la retención y a la percepción del 1% sobre las ventas de las grandes empresas, y el aspecto de las deducciones.

“El primer llamado que hicimos al gobierno fue para lograr mayor flexibilidad porqe ahora que la reforma está en marcha han surgido nuevas dudas que podrían aclararse con instructivos y reglamentos”.

Por el momento, el Ejecutivo no ha atendido el llamado de flexibilidad lanzada por los hombres de negocios. Empero, el gremio espera una respuesta clara, sobre todo porque “sería injusto que en estos primeros meses de confusión echen preso a alguien”, puntualizó.

El presidente de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES), Max Portillo, apuntó que son cerca de once las observaciones que se presentaron al gobierno entre las que destacan la retención y percepción del 1% y el pago a cuenta del 1.5%, entre otros.

“Nosotros estamos de acuerdo en que se generen más ingresos para el fisco mediante la ampliación de la base tributaria, pero deben estudiarse las repercusiones que estas modificaciones tendrán en el empresariado”, dijo.

Además preocupa la pérdida de competitividad de la cual se queja la banca, porque afectará las tasas de interés de los créditos contratados por el empresariado.

Preocupaciones

El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, detalló que algunas temas que preocupan al sector son:

1- Percepción y retención. Representa recargos administrativos, al tener que contratar a más contadores que se encarguen de las retenciones de IVA.
Además, los clientes prefieren comprar a los proveedores que no son agentes de percepción, lo cual ocasiona pérdida de mercado para grandes contribuyentes.

2- Retención del 20%. Los costos de los servicios contratados a nivel local e internacional se incrementan. “No hay claridad en la aplicación del 20%, porque se desconoce si procede en la factura completa o en la que le concierne únicamente al país, en caso de servicios comprados en el extranjero”.

3- Mayor tiempo de detención. Se establece detención administrativa de cinco días a los que incumplan la ley, lo cual contradice la Constitución, que habla de 72 horas.

4- Paraísos fiscales. La reforma establece tratamientos tributarios distintos y supervisiones rigurosas a las operaciones comerciales o de inversión entre el país y naciones consideradas paraísos fiscales (Guatemala y Costa Rica, por ejemplo).
“Esta estipulación contradice el artículo tres, del capítulo dos del Tratado General de Integración Económica Centroamericana que habla de dar trato nacional en el mercado del istmo”.
La semana pasada, la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) presentó al Gobierno un documento en el cual detallaban sus temores, y las posibles alternativas de solución.
La banca cree que si no hay ajustes perderá su posicionamiento regional.