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Protección
Las autoridades consideran que la disposición judicial que
exige que los testigos revelen su rostro ante los acusados desalienta
a personas a presentar su testimonio durante los juicios. El debate
actual se centra en crear mecanismos que separen a ambas partes y
en definir en cuáles casos se decretaría protección
policial. Una nueva ley sustituiría la normativa actual sobre
la materia. Foto EDH |
Luis Laínez
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
El Ministerio de Gobernación impulsa una ambiciosa reforma al
sistema de aplicación de justicia que permitiría descongestionar
los tribunales, garantizar la protección de testigos y limitar
la portación de armas.
La propuesta, bautizada como Pronta y Cumplida Justicia, contempla
cambiar disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal y
la Ley de Armas.
El Ejecutivo ya empezó a consultar a los sectores que estarán
involucrados.
Así, ayer se citó en la Casa Presidencial a representantes
de la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional
de la Judicatura, Fiscalía, Academia de Seguridad Pública
y Unidad Técnica Ejecutiva.
Una de las reformas sugeridas permitiría que la PNC no tenga que
acudir ante la Fiscalía cuando se trate de delitos menores, lo
que descongestionaría los tribunales.
El argumento es que en todos los municipios hay delegaciones policiales
y juzgados, no así fiscales, quienes deben trasladarse, en algunas
zonas, hasta 55 kilómetros para atender denuncias.
El espíritu de esta enmienda es que los delitos de bagatelas,
no saturen a la administración de justicia, asegura Rodrigo Ávila,
viceministro de Seguridad Pública.
Un freno
El ministro de Gobernación, René Figueroa, abunda en el
tema. Sostiene que la información recabada confirma que las faltas
menores provocan, a la larga, homicidios y otros delitos graves.
Pone como ejemplo a una persona que se harta de que nadie detiene a los
muchachos que roban naranjas en su finca y, saca su pistola y mata a un
joven.
Para él, si no hay agilidad en casos menores, los ciudadanos toman
la justicia en sus manos.
Figueroa considera que esta situación sucede ante la imposibilidad
de que cualquier autoridad castigue hurtos y robos, debido a que la Fiscalía
no tiene la capacidad de suplir todas las demandas, sobre todo en sectores
rurales.
Con la modificación, la Fiscalía dedicaría sus esfuerzos
a investigar homicidios y otros delitos relacionados con el crimen organizado,
ejemplifica Pedro González, subdirector general de la corporación
policial.
Néstor Castaneda, magistrado de la Corte, avala la revisión
de toda la normativa penal.
Entiendo que la intención es hacer más expeditos los
trámites y hacer investigaciones más rápidas. A veces,
la Fiscalía y la policía tienen que perder tiempo en casos
que son poco importantes, manifestó.
Paquete de reformas
El Ejecutivo ha convocado a diversos sectores para discutir una amplia
modificación al sistema de administración de justicia. Hay
propuestas ya escritas, pero el debate aún comienza.
Descongestión
Si la policía no está obligada a esperar el requerimiento
fiscal para investigar delitos leves, el Gobierno considera que podrá
eliminarse la saturación de los tribunales.
Además, se lograría que la Fiscalía dedique mayores
esfuerzos para indagar casos más graves, como homicidios y crimen
organizado.
Restricción
Las estadísticas con que cuenta la PNC demuestran que más
personas mueren por armas de fuego que por otro tipo de artefacto.
Se estudia restringir la portación en lugares públicos,
como bares, discotecas, parques e incluso autobuses. También se
cancelaría la licencia cuando el portador sea detenido en estado
de ebriedad.
Primeras opiniones
Esto es lo que dicen algunos involucrados.
Guillermo Gallegos
Diputado ARENA
Con urgencia
(Restar funciones a la Fiscalía) es una reforma súper
necesaria. Con esto podríamos descongestionar a la Fiscalía
y aplicar justicia más pronto
Lizette Kury de Mendoza
Presidenta del CNJ
Con cautela
Hay necesidad de revisar las normativas. Vamos a reunirnos con la
coordinadora del sector justicia y determinaremos cuáles reformas
se deben impulsar
Néstor Castaneda
Magistrado CSJ
Beneplácito
Veo bien la medida (sobre la Fiscalía), en el sentido que
se busca mejorar la administración de justicia. Es un buen esfuerzo,
en aras de agilizar el proceso
55 kilómetros de distancia hacia sedes de la Fiscalía.
40 casos es lo que simultáneamente depura un policía.
981 llamadas recibidas para indagar maras, de agosto a enero.
Analizan eliminar careos en juicios
Uno de los problemas más grandes para el aparato de justicia actual,
es que escasean las personas que quieran atestiguar en un juicio.
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| Equipo. El viceministro Rodrigo Ávila,
Ricardo Menesses y el ministro René Figueroa. Foto
EDH |
Esto es particularmente negativo cuando todo el sistema se basa en la
oralidad, sostiene Rodrigo Ávila, viceministro de Seguridad Pública.
Para el funcionario, no sólo se trata de dar protección
física, sino también seguridad legal.
Ahora, el testigo debe encarar al acusado. Y con sólo que
éste se le quede viendo a los ojos, ya no quiere declarar,
menciona el viceministro.
Además, el acceso que los abogados defensores tienen de los expedientes
de los demandantes podría explicar, en algunos casos, el homicidio
de testigos.
De hecho, tal situación ha resurgido durante los últimos
días.
Desde diciembre, más de 30 personas claves en juicios han sido
asesinadas.
El mismo proceso judicial permite que se condene a muerte a los
testigos, sostiene el funcionario.
El Ministerio de Gobernación, junto con la policía y otras
instituciones ligadas al proceso de administración de justicia,
debaten la posibilidad de proponer a la Asamblea Legislativa una nueva
Ley de Protección de Testigos.
Ávila afirma que en la normativa se incluiría cambios de
domicilio en el interior del país y en el extranjero, gracias a
programas de cooperación suscritos por la corporación policial.
También consideran necesario que una normativa defina en cuáles
casos aplica la protección policial y su alcance.
Cita como ejemplo que en Colombia se ha definido este mecanismo de protección
cuando se juzgan crímenes ligados al narcotráfico y al sicariato.
Incluso, en casos especiales se guarda la identidad de los fiscales y
jueces.
La propuesta para delitos menores
- Uno de los argumentos más fuertes para delegar funciones de la
Fiscalía a la policía, es que ésta última
tiene presencia en todos los municipios y la otra no.
- Además, los agentes llevarían a los denunciados ante un
juez, el cual decidiría si el problema se resuelve con sólo
pagar el daño causado, o si amerita iniciar un proceso que incluya
a la Fiscalía.
- La iniciativa de modificación no vulnera el monopolio de la investigación
que la Constitución da a la Fiscalía.

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