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Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
El Gobierno está a punto de revelar una estrategia para detener
la ola de homicidios que enfrenta el país, anunció una fuente
oficial.
La iniciativa propone cambios al régimen de protección a
testigos y que la Policía Nacional Civil (PNC) ventile los delitos
considerados menores para descargar laboralmente a la Fiscalía
General y el acceso al registro de armas, actualmente en manos del Ministerio
de la Defensa.
El ministro de Gobernación, René Figueroa, sostuvo que en
muchos casos, el actual procedimiento penal expone a una condición
de vulnerabilidad a los testigos que declaran frente al acusado. Además,
cuestionó la liberación de criminales peligrosos, sólo
porque colaboran con la justicia.
Figueroa cuestionó los careos entre víctimas y sospechosos,
y no descartó que en algunos casos las familias de estos últimos
sean las que tomen venganza.
Además, dijo que muchos afectados y testigos quedan expuestos cuando
uno de los involucrados en un crimen se mantiene prófugo.
Figueroa también criticó que la PNC distraiga sus funciones
de seguridad pública, asignando policías para resguardar
a declarantes. Citó el caso de la delegación policial de
Sonsonate, donde el 20 por ciento de la plantilla está asignado
a esa función.
Hay 80 policías protegiendo a testigos, incluso está
el caso de una prostituta que presenció un homicidio, por lo que
se le custodia hasta cuando ejerce su oficio, comentó.
Valoraciones
El jefe de Investigaciones de la PNC, Douglas García Funes, reconoce
que la ley no aclara la responsabilidad para custodiar a los testigos;
aunque reconoce que es competencia de la policía.
Sin embargo, reclama una reforma legal para garantizar la vigilancia de
los testigos, desde la toma de la declaración hasta la finalización
del proceso judicial.
Mientras tanto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila,
explicó que el hecho organizado o personas particulares están
contratando a las pandillas para que inicialmente coarten a los testigos
a no hacerlo; y que de lo contrario concretizan las amenazas de muerte.
La prueba testimonial constituye generalmente, la única evidencia
convincente a la que recurre la Fiscalía en procesos judiciales
para comprobar los ilícitos.

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