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Mano dura para los tramposos

Fiscalía. Funcionarios advirtieron que las penas serían hasta de cinco años de cárcel si monopolizan y aumentan el precio de los granos. La Dirección de Protección al Consumidor inspecciona los establecimientos para evitar la especulación

Publicada 15 de enero 2005 , El Diario de Hoy

Katlen Urquilla
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

Sin paños tibios ni guantes de seda, la Fiscalía anunció ayer que irá tras los acaparadores de productos de la canasta básica, quienes podrían purgar hasta cinco años por esa práctica.

El Fiscal General en funciones, Romeo Benjamín Barahona, informó que giraron órdenes a los fiscales de las sedes regionales y subregionales, para que abran expedientes de oficio (sin denuncia) contra los que acaparen, en grandes proporciones, frijoles, azúcar, arroz y maíz, entre otros granos básicos.

Aunque el funcionario aseguró que por el momento no hay denuncias concretas en la sede fiscal, los jefes de las filiales en el interior del país y las periféricas de San Salvador, ya saben que medidas tomarán.

Los fiscales se apoyarán en las evaluaciones realizadas por técnicos del ministerio de Economía y de Ganadería y Agricultura.

“Entre las figuras delictivas que nosotros sancionaríamos está el acaparamiento que tiene una penalidad de 1 a 3 años en la figura simple y en la agravada de 3 a 5 años”, explicó.
El comerciante que adquiera grandes proporciones de los productos, con intención de provocar escasez de la mercadería para, luego, aumentarle los precios, sería una de las agravantes.

El fiscal sostuvo que al conocer de personas que recurran a esas medidas, serán procesados inmediatamente.

“Nos veríamos en la evaluación de actuar más drásticamente como decretar una detención administrativa contra los infractores”, enfatizó.

Las sanciones por el monopolio de la mercadería están contempladas en el artículo 233 del Código Penal. La “mano dura” se extenderá contra los que realicen competencia desleal, según dicta el artículo 238 del mismo código.

Los acaparadores también podrían incurrir en otros delitos por afectar la libre competencia y el libre mercado. La sanción por vender a precios superiores a los establecidos en el mercado, están plasmados en el artículo 234 de la normativa penal.

Llamado

El fiscal en funciones exhortó a las personas afectadas para que denuncien los excesos en las sedes fiscales de los 14 departamentos.

No obstante, explicó que no existe sólo la vía penal para quejarse. También lo puede hacer en la Dirección de Protección al Consumidor (DPC) del Ministerio de Economía.

Si en la colonia, cantón, caserío o residencial, por ejemplo, detectan las anomalías, los inspectores avisarán al Ministerio Público para que tome la acción penal.

El funcionario ejemplificó que en el caso de los frijoles, las autoridades de Economía han asegurado que hay granos para los siguientes diez meses.

“La producción es suficiente como para que no se den estos hechos, porque las personas que lo hagan estarían incurriendo en delitos”, afirmó Barahona.

Aclaró que no actuarán sólo por los reportes de las instituciones, sino también por las quejas de la gente.

En las últimas semanas, se ha registrado un incremento de los costos de varios productos. Foto EDH

“El primer paso para actuar será la denuncia ciudadana o de los organismos que tienen que ver con la regulación de los productos de la canasta básica”, concluyó.

La DPC vigila precios en locales

Autoridades de la Dirección de Protección al Consumidor (DPC) aseguraron ayer a El Diario de Hoy que están pendientes de los precios de los granos básicos.

Mario Cruz, titular de la institución, afirmó que hasta ahora no han identificado a alguien reteniendo o escondiendo productos con fines especulativos.

La DPC cuenta con 30 agentes para realizar las inspecciones de los precios en los supermercados, mercados y tiendas.

En el sondeo más reciente, el quintal de frijol rojo de seda que se cotizaba en $44, bajó un dólar. El corriente está a $40.25.

No obstante, señaló que al saber de algún caso, lo remitirán a la Fiscalía.

Cruz explicó que aplicarían sanciones económicas desde mil hasta 100 mil dólares.
En tanto, Mario Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería, explicó que los que habían acaparado están cautelosos y por eso el mercado se está estabilizando.
Reveló que hay un comité formado por la Fiscalía, Policía y la DPC.

Diputados verifican importes

Ileana Rogel y Héctor Córdova, del FMLN, sostuvieron ayer una reunión con el gerente general de un supermercado ubicado al oriente de la capital.

Rogel expresó que el objetivo de la visita era verificar el alza de precios en los productos de la canasta básica.

Luego de la entrevista, los parlamentarios expresaron que los empresarios habían reconocido que al menos unas 250 mercancías valen más que antes. “Ellos están trasladando los costos que el productor les está definiendo. Es un efecto en cascada”, interpretó Rogel.

Córdova, su compañero farabundista, añadió que con este incremento que han sufrido, sobre todo los cereales, se ha llegado a un 5% de inflación sólo en enero.

Mario Cruz, director de la estatal Defensoría para el Consumidor, manifestó que han realizado inspecciones en alrededor de 70 establecimientos, donde han podido constatar los aumentos en los precios.

“Nos hemos percatado del incremento de ciertos productos, como el arroz, frijol de seda, maicillo y azúcar”, reveló el funcionario.


Delitos y sanciones
Las siguientes disposiciones del Código Penal se refieren a las penas impuestas a aquellas personas que se aprovechan de los granos básicos, para lucrarse con precios muy elevados.
Acaparamiento/ artículo 233
“El que almacenare, sustrajere o retuviere fuera del comercio normal, artículos o productos de primera necesidad, provocando el alza inmoderada de los precios, a juicio de la autoridad, será sancionado con uno a tres años de prisión”.
A precio superior/ artículo 234
“El que vendiere bienes o prestare servicios a precio superior, al que constare en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el productor, será sancionado con prisión de seis a dos años y multas de cincuenta a cien días. Si se cometiere en época de calamidad, la pena aumentará”.
Competencia desleal/ Artículo 238
“El que propalare hechos falsos o utilizare cualquier otro medio fraudulento capaz de ocasionar grave perjuicio a un competidor con el fin de obtener una ventaja indebida, será sancionado con prisión de seis meses a dos años de cárcel”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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