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Los comerciantes que especulen con los precios de los granos básicos serán llevados a la cárcel aseguró ayer el presidente de la República, Elías Antonio Saca.

Ante el alza injustificada de precios que han aplicado algunos vendedores al maíz y al frijol, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Protección del Consumidor (DPC) han girado instrucciones a sus inspectores para que constaten en los mercados y puestos de venta si se está cometiendo acaparamiento.

Si las inspecciones determinan que se está cometiendo ese delito, las partes notificarán a la Fiscalía General de la República para que aplique la ley penal.

“No se olviden que estamos haciendo un análisis de la Ley de Defensa del Consumidor, que nos va a permitir, incluso llevar a la cárcel a los especuladores y a la gente que hace estas cuestione”, sentenció ayer el mandatario.

El presidente afirmó que ha solicitado a la comisionada para la Protección del Consumidor analizar qué medidas se aplicarán contra “los comerciantes inescrupulosos y los pícaros que acaparan los productos”.

“Hemos instruido que si se detecta una situación de acaparamiento, lo vamos a denunciar a la Fiscalía”, dijo por su parte el ministro de Agricultura, Mario Salaverría.

Mario Cruz, director ejecutivo de la DPC, aseguró que un total de 60 inspectores de ambas instituciones realizarán las investigaciones sobre cómo se está realizando la venta de los granos básicos.

En la capital

Las investigaciones se realizarán especialmente en San Salvador, ya que es aquí donde se ha constatado que hay especulación y no en el interior del país

“Es muy importante que la investigación se realice con mucho tacto, de tal manera que no se dañen las buenas prácticas”, indicó Cruz, quien añadió que comúnmente el acaparamiento lo realizan los comerciantes informales.

La Ley de Protección al Consumidor en su artículo 35 inciso b indica que la DPC deberá informar a la Fiscalía General de la República cuando detecte el uso de cualquier maniobra para la consecución del alza de precios de alimentos de primera necesidad, que configura el delito de especulación.

El Código Penal, en su artículo 233, establece que una persona que incurra en acaparamiento deberá ser sancionado de uno a tres años de prisión.

Las alzas en los precios básicos fueron registradas en un sondeo “de emergencia” realizado por la DPC el 5 de enero de 2005.

Para el gobierno no existen razones para que los comerciantes eleven el precio de los granos, ya que la producción de la cosecha 2004 y 2005, refleja resultados positivos.

“Tenemos una producción que incluso por primera vez en muchos años sobrepasa la necesidad local, por lo tanto no hay ninguna razón válida para aumentarle a los productos, hay que tomar medidas”, señaló el presidente Saca.

El ministro de Agricultura explicó que sólo en noviembre de 2004 la producción de frijol llegó a 1 millón 437 mil quintales, cuando el consumo mensual es de 130 mil quintales.
La misma situación ha sucedido con el maíz, ya que durante la cosecha se reportó una producción de 14 millones 257 mil quintales.

El quintal de maíz registraba un precio de $13.50 la semana pasada, pero un sondeo del 10 de enero indicó que ha llegado a costar $12.37.

El precio del quintal de frijol rojo de seda tiene un costo actual de $45.00, cuando su costo debería ser hasta un máximo de $40.