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Joseph
S. Nye*
El
Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Por lo general, los informes de comité son mortalmente aburridos,
y los producidos por los comités de la ONU deben de estar entre
los más tediosos de todos. Pero el reciente informe del Grupo de
Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio del Secretario
General de la ONU quebró esa regla.
Dieciséis líderes políticos y ex diplomáticos
combinaron los principios y el realismo político para producir
las propuestas de cambio más completas desde la creación
de la ONU en 1945.
El Secretario General, Kofi Annan, presentará este informe en marzo.
Después dependerá de los gobiernos el actuar en consecuencia.
Muchos de los primeros comentarios que ha suscitado se refieren a las
recomendaciones del Grupo de ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU
de 15 a 24 miembros.
El informe propone dos alternativas: Una sería agregar seis nuevos
miembros permanentes (como India, Brasil, Egipto, Sudáfrica, Japón
y Alemania), así como tres miembros con un período de dos
años. La otra alternativa sería crear ocho miembros semipermanentes,
cada uno por un período renovable de cuatro años, y un miembro
adicional elegido por dos años.
Ambas propuestas implica- rían modificar la Carta de las Naciones
Unidas, lo que requiere lograr el apoyo de una mayoría de dos tercios
de los 191 estados miembros, incluidos los cinco miembros con derecho
a veto del actual Consejo de Seguridad. Los escépticos dudan de
que esto sea factible.
Pero centrarse en los riesgos de la ampliación del Consejo de Seguridad,
desvía la atención del resto de los análisis y las
101 recomendaciones de reformas planteadas por el grupo, muchas de las
cuales no exigen la modificación de la Carta.
Según el informe, la Asamblea General ha perdido vitalidad, el
Consejo de Seguridad debe ser más proactivo, la Comisión
sobre Derechos Humanos padece de falta de legitimidad, el secretariado
debería ser más profesional y estar mejor organizado, y
hay importantes vacíos organizacionales que dificultan la capacidad
de dar respuesta frente a las amenazas económicas y sociales a
la seguridad internacional.
El informe plantea críticas al desempeño de la organización
en temas tales como los genocidios en Bosnia, Ruanda y Darfur y la tardía
respuesta al VIH/Sida.
En palabras del grupo, la ONU fue creada, sobre todo, “para evitar
que las generaciones futuras sufran el flagelo de la guerra”, pero
hoy las más grandes amenazas a la seguridad que afrontamos “van
mucho más allá de los estados enfrascados en una guerra
de agresión”.
El grupo aborda de manera franca y directa las nuevas amenazas transnacionales
planteadas por los terroristas y la propagación de armas de destrucción
masiva. Sus miembros estuvieron de acuerdo en que pueden ocurrir “escenarios
de pesadilla” que combinen ambos elementos y puedan exigir el uso
preventivo de la fuerza.
Hacen un llamado a fortalecer el régimen de no proliferación
mediante inspecciones más minuciosas y la negociación de
acuerdos para garantizar a nivel internacional el acceso a los servicios
de enriquecimiento y reprocesamiento nuclear, en lugar de permitir que
los países los construyan por sí mismos.
Respaldan la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación, lanzada
por el Presidente George W. Bush para detener el tráfico de armas
de destrucción masiva.
En cuanto al terrorismo, rompen el prolongado impasse de la ONU acerca
de cómo definir el concepto al condenar todos los ataques contra
civiles, y proponen una serie de medidas que los estados miembros deberían
tomar.
En lo referente al uso preventivo de la fuerza, las interpretaciones tradicionales
del Artículo 51 de la Carta de la Naciones Unidas (que garantiza
el derecho a la autodefensa), justifican que un Estado amenazado inicie
acciones preventivas frente a un ataque inminente, pero no que use la
fuerza de manera preventiva contra amenazas de más largo plazo.
El grupo ampliaría esa interpretación para permitir el uso
preventivo de la fuerza en algunos casos, pero sólo con la aprobación
previa del Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad juzgaría la legitimidad de tal acción
en cuanto a si cumple los tradicionales y largamente enraizados criterios
de una guerra justa: la seriedad de la amenaza, el objetivo de la respuesta,
si la fuerza es el último recurso, si se usa de manera proporcional
y si hay una relación razonable entre sus buenas y malas consecuencias.
En este sentido, el Presidente Bush logró que fuera aceptada la
mitad de su criterio: la fuerza preventiva se puede justificar, pero no
de manera unilateral. Afganistán se justificaría según
esa fórmula, pero no Iraq.
Ningún informe puede por sí mismo crear un mundo más
seguro, pero quienes apoyan esa meta deberían esperar que los gobiernos
y sus pueblos tomen en serio las recomendaciones del grupo.
Copyright: Project Syndicate.
*Profesor con el título de Servicio Distinguido de la Universidad
de Harvard.
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