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Manuel F. Ayau Cordón*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Ciudad de Guatemala. (AIPE).- Todo sistema es
viable, pero no todos producen bienestar general ni fomentan la responsabilidad
individual. Ninguno produce igualdad de condiciones, porque las personas
son distintas en infinidad de sentidos, nacen y viven en diferentes circunstancias
y, en consecuencia, ni las oportunidades ni los resultados pueden ser
iguales. Los derechos sí pueden y deben ser iguales.
Podríamos, siguiendo las políticas de izquierda, reducir
las diferencias de riqueza redistribuyéndola, quitándosela
a unos para transferirla a otros, pero sólo empobreciendo a todos,
porque no hay suficiente riqueza para enriquecer a todos, y las políticas
de redistribución reducen la riqueza disponible, porque no se producirá
la misma cantidad si quien la podría producir no confía
en que podrá quedarse con ella.
Si las leyes son iguales para todos, los resultados serán desiguales,
porque la gente es desigual. Lo que sí logra la igualdad ante la
ley es más prosperidad para todos, aunque en forma desigual, y
también logra paz, pues nadie se siente discriminado por las leyes.
Cuando la ley es igual para todos, la propiedad privada quedará
protegida, pues nadie aprobaría un sistema en el cual su derecho
de propiedad es inseguro y, sin duda, todos querrán que la legitimidad
de la propiedad la determine el proceso de adquisición para que
todos sepan a qué atenerse. La izquierda acostumbra esquivar la
definición de las reglas del juego.
Por ejemplo, a las normas le agregan las palabras “en función
social” para que una mayoría desposeída, a través
de sus diputados, pueda democrática y arbitrariamente discriminar
y legitimizar el despojo de quienes tienen más, “los ricos”.
El problema es que la producción de riqueza es precaria, que necesita
incesante colaboración entre millones de individuos para lograr
eficiencia y, tanto en teoría como en la práctica, está
comprobado que sólo es relativamente eficiente una organización
económica basada en relaciones contractuales, libremente consentidas
y no interferidas o estorbadas por los gobiernos, salvo para garantizar
el cumplimiento de los compromisos y la protección de la propiedad
de lo legítimamente adquirido. Otros sistemas son viables, pues
los vemos en todo el mundo, pero está comprobado que hay más
pobres donde la gente es menos libre.
La economía puede ser dirigida por los gobiernos coercitivamente
o por la gente misma, libremente observando normas de conducta justa preestablecidas.
Un poco de estudio revelará que la explicación del mercado
existe, pero no es probable que su comprensión se extienda si persiste
la generalizada renuencia a su estudio.
La izquierda nunca falla en relegar cómoda e ingenuamente la solución
de los problemas al gobierno, sin explicar cuál es esa solución
y luego lamenta que el hombre bueno y sabio no aparece bajo su esquema.
El estudio consiste en averiguar cómo se forman los precios para
asignar los recursos, considerando que es insoslayable racionar los recursos
porque son escasos y tienen usos alternos de diferente importancia que
compiten por ellos; que los conocimientos disponibles también son
limitados y están dispersos en la mente de todos y que su utilidad
depende del momento y las circunstancias.
Además, cada logro implica sacrificar otros y, para complicar más
la cosa, las decisiones y las satisfacciones son siempre al margen, pues
la segunda cerveza no tiene la prioridad de la primera. Hay que aprender
cómo funciona la extensa y complicada asignación de recursos
coordinada por el sistema de precios que resulta de libres intercambios
de lo propio antes de descartarlo a cambio del bien intencionado, pero
fracasado ideal romántico de la izquierda.
*Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador
de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad
Mont Pelerin. © www.aipenet.com
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